Un nuevo decreto cambia los menús escolares desde abril

El decreto, publicado el 16 de abril de 2025, concede doce meses para su aplicación general. Algunos criterios de sostenibilidad amplían ese plazo hasta los 24 meses. Afecta a todos los centros educativos —públicos, concertados y privados— desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial.

¿Qué cambia en el plato?

La norma establece por primera vez frecuencias de consumo con carácter legal. Las legumbres deberán servirse entre una y dos veces por semana. El pescado, entre una y tres raciones semanales alternando blanco y azul. La fruta fresca como postre será obligatoria entre cuatro y cinco días a la semana. Los otros postres —yogur o queso fresco sin azúcar añadido— quedan limitados a una vez por semana.

En el lado de las restricciones, la carne procesada no podrá superar las dos raciones al mes y las frituras, una vez por semana. Los platos precocinados —pizzas, croquetas, canelones, empanadillas— quedan fijados en un máximo de una ración mensual.

Producto local y ecológico

El decreto introduce requisitos de sostenibilidad que pueden abrir oportunidades para productores de la comarca. Al menos el 5% del coste de adquisición de alimentos deberá ser de origen ecológico, o bien ofrecer un mínimo de dos platos principales ecológicos al mes. Además, se fomenta expresamente la compra directa a productores locales mediante canales cortos de distribución.

Menús adaptados, sin coste adicional para las familias

La norma refuerza la obligación de ofrecer menús especiales por motivos médicos —alergias e intolerancias con diagnóstico— y también por razones éticas o religiosas, sin que ello suponga un sobrecoste para las familias. Los centros que no elaboren el menú especial deberán facilitar medios de refrigeración y calentamiento para la comida traída de casa.

En cuanto a las máquinas expendedoras, quedan prohibidas en zonas accesibles para alumnado de Infantil y Primaria, y los productos envasados no podrán superar las 200 kilocalorías por porción.

Los equipos directivos deberán revisar sus pliegos de contratación con empresas de catering para incorporar los nuevos criterios. La norma también obliga a informar mensualmente a las familias de los menús con detalle de técnicas culinarias y alérgenos