Daniel de Lucas: "El Estado pone la fibra; el médico lo pone la Junta"

La Estrategia se articula en siete ejes que abarcan desde el acceso a los servicios públicos hasta la gobernanza territorial. De Lucas, que durante varios años trabajó en la gestión de los montes de utilidad pública de las comarcas de Cantalejo y Boceguillas, señala que el documento renuncia a la escala provincial como unidad de análisis.

El texto reconoce que los datos provinciales, en palabras del propio documento que cita el entrevistado, "pueden encubrir fenómenos muy diferentes dentro de la misma provincia". A partir de ahí introduce el concepto de área funcional rural: territorios de no más de 30 o 35 minutos con capacidad para prestar los servicios básicos.

Cuatro medidas con efecto directo

Preguntado por lo que notará un vecino de Ayllón, Riaza o Sepúlveda, De Lucas enumera cuatro apartados.

El primero es la vivienda: ayudas de más de 10.800 euros para menores de 35 años que compren su primera vivienda, junto a programas de rehabilitación de vivienda vacía y fórmulas de alquiler dirigidas a quienes llegan de fuera.

El segundo es la conectividad: culminar el despliegue de fibra y 5G hasta que el 100% de las viviendas disponga de al menos 100 Mbps y, donde eso no llegue, el servicio vía satélite "Conéctate 35", operativo desde 2023, por 35 euros al mes.

El tercero es la proximidad administrativa: oficinas móviles para realizar trámites del INSS, la DGT o el SEPE sin salir del municipio, y servicios financieros básicos a través de la red de Correos.

El cuarto es la movilidad: transporte a la demanda, mediante autobús o taxi rural activado por llamada o aplicación.

De los siete ejes, De Lucas apunta dos como los de aplicación más inmediata en la comarca: el Pilar 2, de equidad territorial, y el Eje 7, de gobernanza, que plantea que los marcos de planificación superen el ámbito municipal y avancen hacia lo supramunicipal o comarcal.

Presupuesto y calendario

La Estrategia no fija una cifra global cerrada. Como referencia, De Lucas cita el Plan de 130 Medidas que la precedió, que movilizó más de 13.000 millones de euros.

Entre las líneas que afectan al perfil de la comarca menciona 1.000 millones en la línea ICO-CLIMA AGRO FOREST para proyectos forestales y agrarios, los 200 millones repartidos entre comunidades autónomas por el Fondo de Cohesión y Transformación Territorial entre 2020 y 2025, y 675 millones movilizados en transición energética para municipios de menos de 5.000 habitantes.

Sobre el calendario, sitúa la fase de vivienda y servicios de proximidad en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una revisión de cumplimiento prevista para 2029.

El radio de 30 minutos y el hospital

El modelo del "País de los 30 minutos" incluye, según De Lucas, consultorio o centro de salud, farmacia rural, escuela rural y ESO, acceso financiero básico, trámites administrativos y de justicia, Guardia Civil, comercio de proximidad y hostelería.

Buena parte del Nordeste supera esos 30 minutos por carretera hasta un hospital. De Lucas responde que el documento no plantea un hospital en cada pueblo, sino una jerarquía de servicios: lo cotidiano a 30 o 35 minutos y lo especializado en cabeceras de comarca o en la capital, con accesibilidad garantizada mediante transporte a la demanda, mantenimiento de carreteras secundarias y telemedicina.

Añade que la Estrategia mide distancias en tiempo de viaje y no en kilómetros, lo que permite detectar dónde la orografía o el clima agravan el aislamiento.

En ese punto delimita competencias: el transporte sanitario y la sanidad corresponden a la Junta de Castilla y León. El Estado, sostiene, financia y transfiere fondos, y ejecuta de forma directa lo que es competencia estatal —fibra, 5G, Guardia Civil, trámites de la Administración General del Estado y financiación del ICO—, mientras que el servicio final lo presta la comunidad autónoma.

"Lo que no se ha cumplido en seis años es la otra mitad, la de poner el médico y el transporte", afirma, y reclama a la Junta una Ley de Despoblación y Desarrollo del Medio Rural, hospitales comarcales dentro de ese radio de 30 minutos y transporte a la demanda garantizado por ley. Sobre la acusación de repartir responsabilidades entre administraciones, responde: "No estoy repartiendo culpas: estoy señalando de quién es el balón que no se está moviendo".

Datos por municipio y grupos de acción local

El nuevo Observatorio de Equidad Territorial y Reto Demográfico trabajará a escala municipal y de área funcional rural, con un sistema de información actualizado y encuestas de representatividad local. De Lucas considera que ese nivel de desagregación es el que permite que comarcas como el Nordeste dejen de quedar diluidas en la media provincial.

La Estrategia adopta además el método LEADER —enfoque de abajo arriba, cooperación entre territorios y colaboración público-privada— y reserva voz propia a los grupos de acción local en el Foro para la Cohesión Territorial, reconociendo el "aprendizaje valioso" acumulado por estas entidades. 

Lo que dejó la estrategia anterior

De Lucas indica que no existe un balance desglosado para la comarca: "Prefiero decirlo así en vez de inventarme una cifra que no existe". Sí aporta datos para municipios de menos de 5.000 habitantes tras el Plan de 130 Medidas: cerca de 440.000 nuevos habitantes entre 2018 y 2024, una cobertura de banda ancha rural que pasó del 11% al 89% y un incremento del 27% en los ingresos por habitante de los ayuntamientos pequeños entre 2018 y 2023.

Ante la objeción de que la comarca ha seguido perdiendo población durante ese periodo, sostiene que la etapa anterior se centró en conectividad y energía: "Estos años se han dedicado a poner los cimientos, no a terminar la casa". Recuerda también que desde 2022 es obligatorio evaluar el impacto en despoblación de cualquier ley o presupuesto estatal antes de su aprobación.

Preguntado por el escenario de 2030, resume el objetivo en que un vecino pueda decir "que vive aquí porque quiere, no porque no tenga otra opción", con vivienda accesible, servicios esenciales a media hora, conexión equivalente a la urbana, movilidad sin dependencia del vehículo propio y empleo vinculado a la gestión forestal, los cuidados y las renovables.

La revisión del cumplimiento de la Estrategia está fijada para 2029. El desarrollo autonómico de las medidas en sanidad, educación y transporte corresponde a la Junta de Castilla y León.