España regulariza a 500.000 migrantes con permiso de trabajo en cualquier sector

La medida, que el Gobierno enmarca como el primer hito de su Plan de Integración y Convivencia Intercultural, responde tanto a razones económicas como demográficas. El Ejecutivo señala la necesidad de mano de obra en sectores como la agricultura, la hostelería y los cuidados, en un contexto de envejecimiento de la población.

Para acceder a la regularización, los solicitantes deben acreditar que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que han permanecido de forma ininterrumpida durante al menos cinco meses antes de presentar la solicitud. También es necesario carecer de antecedentes penales —en España, en el país de origen y en los países de residencia de los últimos cinco años— y cumplir al menos una de estas tres condiciones: haber trabajado en España o acreditar interés en hacerlo, pertenecer a una unidad familiar con hijos menores, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado, o encontrarse en situación de vulnerabilidad.

La autorización tiene una vigencia inicial de un año —cinco años en el caso de familias con hijos menores—, transcurrido el cual los beneficiarios deberán incorporarse a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. Desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, un proceso estimado en un plazo máximo de 15 días, la persona queda habilitada para trabajar.

Una ILP con 700.000 firmas

La medida tiene origen civil. La regularización nació como una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la plataforma Por Un Mundo Más Justo y la Fundación para la Ciudadanía Global, que recogió más de 700.000 firmas y fue presentada en el Congreso en abril de 2024.

No es la primera vez que España afronta un proceso de este tipo. Es la séptima regularización extraordinaria desde 1986. Las más recientes se produjeron bajo gobiernos del PP —en 2000 y 2001, con cerca de 500.000 personas— y del PSOE, con la regularización de 2005, que benefició a 576.506 personas durante el mandato de Rodríguez Zapatero.

Quiénes son y cuántos

Según el último informe del centro de análisis Funcas, a 1 de enero de 2025 había 840.000 personas no comunitarias en situación administrativa irregular en España. La cifra de 500.000 posibles beneficiarios que maneja el Gobierno corresponde a quienes cumplirían los requisitos establecidos en el decreto.

Además de las personas en situación irregular, también podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, así como los menores a su cargo.

Las organizaciones agrarias, a favor

El sector del campo español valora la medida. Según los datos del Ministerio de Inclusión, en febrero había 250.532 trabajadores agrarios extranjeros afiliados al Sistema Especial Agrario, de los cuales 202.696 procedían de países fuera de la UE. Marruecos encabeza la lista con 108.981 afiliados, seguido de Rumanía con 38.363.

Desde COAG, Andrés Góngora calificó la medida de "buena noticia, porque aliviará de forma muy importante la tensión que ha habido en algunas campañas agrícolas", y reclamó agilidad ante el inicio de la campaña de fruta de verano.

Carles Vicente, de Unión de Uniones, aportó un dato concreto: "Hay cosechas que se quedan casi sin recoger por este problema, cuando existe un potencial disponible de 600.000 personas viviendo entre nosotros que no tienen papeles para trabajar."

Vicente Jiménez (CCOO) estimó que entre 150.000 y 200.000 trabajadores agrarios en situación irregular podrían beneficiarse del proceso. Sebastián Serena (UGT-FICA) destacó que la medida ayudará a reducir la economía sumergida y permitirá el acceso a las condiciones de un convenio colectivo.

Un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno advierte de que, sin un relevo migratorio suficiente, podrían abandonarse más de 220.000 explotaciones agrícolas en España para 2075. El mismo informe señala que esta evolución aceleraría los procesos de despoblación rural, con consecuencias económicas, ecológicas y sociales.

Bulos y desinformación

Desde el anuncio de la regularización en enero, medios de verificación como Maldita.es han documentado una oleada de desinformaciones difundidas principalmente en redes sociales.

Varios vídeos circularon presentando imágenes de personas haciendo cola o desplazándose por carreteras como si fueran migrantes acudiendo a conseguir los documentos o "invadiendo" España. Algunos de esos vídeos tenían indicios de haber sido generados con inteligencia artificial, con manos de apariencia no natural o dedos duplicados. Otros correspondían a imágenes antiguas sin ninguna relación con el proceso de regularización, anunciado en enero de 2026. 

Uno de los bulos más extendidos fue que la regularización concedería el derecho a voto. Es falso: la participación en elecciones generales y autonómicas está reservada únicamente a personas con nacionalidad española. Tampoco es cierto que la medida conceda la nacionalidad ni que lo haga sin exigir certificado de antecedentes penales: el texto definitivo del decreto exige la presentación de ese documento.

El propio Ministerio de Inclusión calificó de "falso" que el proceso esté dirigido a "nuevas llegadas" —solo pueden solicitarlo quienes estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025— y también que vaya a colapsar las oficinas de Correos o de la Seguridad Social. 

A todo ello se suma un riesgo concreto para los solicitantes: el Movimiento Regularización Ya ha alertado de casos de estafas cometidos por falsos asesores que, a cambio de sumas de más de 400 euros, ofrecen gestionar trámites que son completamente gratuitos.

Qué implica y qué no implica

La regularización no equivale a la nacionalidad española —que requiere al menos 10 años de residencia legal continuada— ni concede automáticamente derecho a voto en elecciones generales o autonómicas. Los regularizados tampoco obtendrán pleno estatus legal europeo para trasladarse libremente a otros países de la Unión Europea. Lo que sí permite es trabajar legalmente desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, en un plazo estimado de 15 días. 

Cómo solicitarla

Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática desde el 16 de abril, a través de la plataforma Mercurio. La vía presencial se abre el 20 de abril, con cita previa por internet o llamando al 060. Las oficinas habilitadas son las de Extranjería, las de la Seguridad Social y las oficinas de Correos en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes. El Gobierno ha habilitado 550 personas extra para gestionar el proceso. El plazo de solicitud cierra el 30 de junio de 2026.