Las colonias felinas también existen en los pueblos pequeños

Firmado por voluntarios de las colonias felinas de Cerezo de Arriba, Duruelo y Cerezo de Abajo

Una ley necesaria, sin recursos para los pueblos

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales obliga a todos los ayuntamientos —también a los que tienen menos de cien vecinos— a gestionar las colonias felinas de su término municipal. La ley situó este trabajo donde corresponde: en lo público. Pero olvidó preguntarse cómo lo iban a financiar las corporaciones que tendrían que aplicarla.

Los números no engañan

De los 8.096 municipios que hay en España, solo 39 (el 0,48 %) resultaron beneficiarios de las subvenciones estatales de 2025, según los datos publicados por la veterinaria Begoña Rodero Cosano en Vetesfera Clinic. Otros 8.057 siguen esperando.

Y de esos 39 municipios premiados, alrededor del 89,7 % se concentraron en una misma región. En una convocatoria nacional, abierta a todos los pueblos de España, esa concentración no se explica por la calidad técnica de los proyectos. Se explica por la presencia de estructura administrativa, asesoría técnica y diputaciones que organizan las solicitudes en unos territorios y no en otros.

Diez mil euros mínimos, cuatro mil quinientos disponibles

Hay un detalle que esta convocatoria utiliza para apartar de raíz a los municipios pequeños: la cuantía mínima solicitada debe ser de 10.000 euros. Nuestros ayuntamientos, por separado, pueden asumir como mucho una inversión de unos 4.500 euros cada uno. Sin agrupación, ninguno de los tres puede presentarse. La convocatoria no nos veta de forma explícita, pero el umbral económico hace el trabajo por ella.

A eso se suma que el presupuesto destinado a este tipo de actuaciones se ha reducido respecto al año anterior: pasa de 950.000 euros en 2025 a 850.000 euros en 2026. Cien mil euros menos para los pueblos que más necesitan acompañamiento técnico y económico para cumplir la Ley 7/2023.

Pueblos de 150 habitantes compitiendo con pueblos de 10.000

A todo esto se añade un problema de fondo en el diseño de la convocatoria: mete en la misma categoría a municipios de 150 habitantes y a municipios de 10.000. Las necesidades, los recursos técnicos, la capacidad administrativa y el tamaño de las colonias no tienen nada que ver entre unos y otros.

A la hora de evaluar las solicitudes, los pueblos pequeños salimos perdiendo. El jurado tiende a considerar que el dinero estará mejor invertido en municipios grandes, donde la actuación tiene más visibilidad y afecta a más vecinos. Es comprensible desde un punto de vista de impacto numérico. Pero es injusto desde un punto de vista de obligación legal: la Ley 7/2023 nos exige lo mismo a todos, independientemente del padrón.

El resultado es una doble penalización. Primero, el umbral económico nos obliga a agruparnos. Después, una vez agrupados, competimos en condiciones de desventaja con municipios cuya realidad no se parece en nada a la nuestra.

La España rural no tiene secretarías a tiempo completo

En el Nordeste de Segovia, nuestros ayuntamientos no tienen departamento de medio ambiente ni técnicos especializados. El secretario-interventor se comparte con varias corporaciones. Aprobar un programa municipal de gestión ética de colonias felinas exige llevarlo a pleno. Firmar un acuerdo de agrupación entre tres municipios exige coordinar agendas, secretarías y voluntades políticas, todo ello en plazos de dos meses.

Para un ayuntamiento pequeño, presentar una solicitud completa supone entre tres y seis meses de trabajo. La consecuencia lógica es la que ya está descrita: 6.948 municipios ni se presentaron a la última convocatoria. No por desidia, sino por prudencia económica.

Una pregunta de fondo

¿Cuánto tiempo más se va a sostener un modelo en el que la ley obliga a todos los municipios y la financiación llega solo a unos pocos, casi siempre los mismos? ¿Por qué un programa veterinario diseñado por voluntariado en un pueblo de doscientos habitantes, con el mismo método CER recomendado por la Organización Mundial de la Salud, tiene que competir en igualdad de condiciones con solicitudes elaboradas por equipos técnicos contratados para ello?

Lo que pedimos

No pedimos trato de favor. Pedimos cinco cosas concretas:

1. Una segmentación por tramos de población, con categorías diferenciadas para municipios de menos de 500, de 500 a 5.000 y de más de 5.000 habitantes, para que cada pueblo compita con los de su tamaño.
2. Una modalidad específica para municipios pequeños sin el umbral mínimo de 10.000 euros, que hoy expulsa de la convocatoria a los ayuntamientos con menor capacidad presupuestaria.
3. Financiación estructural y estable, no convocatorias competitivas anuales —y a la baja— que cubren menos del 3 % de los costes reales de aplicar la ley.
4. Criterios de evaluación transparentes y puntuaciones desglosadas, para que los municipios excluidos puedan entender por qué lo han sido.
5. Acompañamiento técnico desde la Diputación de Segovia y la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos pequeños, que son los que más lo necesitan y los que menos capacidad tienen para acceder por sí solos a estas ayudas.

Lo que vamos a hacer

Mientras tanto, seguiremos haciendo lo que llevamos años haciendo: alimentar, esterilizar y cuidar a los gatos de nuestros pueblos. Con las aportaciones mensuales de los Teamers, con donaciones de vecinos y con muchas horas que nadie nos paga.

Porque la ley nos lo exige, sí. Pero, sobre todo, porque creemos que la dignidad de un animal no debería depender del código postal en el que vive.