Biogás: el problema no es la planta, sino el modelo

Por Xiomara Cantera

Pasó con las presas. Está pasando con las placas solares y los aerogeneradores. Lo vivimos con las macrogranjas. Y todo apunta a que el modelo se repetirá con las plantas de biogás. La pregunta que llega ahora a los 57 municipios del Nordeste de Segovia no es si la energía renovable es buena o mala, sino quién paga la cuenta y quién se lleva el beneficio.

Un patrón que se repite

La provincia de Segovia encabeza, junto a Valladolid, los proyectos de biogás en tramitación en Castilla y León, con alrededor de 16 expedientes iniciados dentro de un total regional que ronda el centenar. En la comarca ya hay proyectos sobre la mesa, como los de Fuentemizarra y Campo de San Pedro. A escala nacional, el plan es pasar de unas 250 plantas a más de 2.000 en menos de una década, y la patronal del sector calcula que solo Castilla y León podría acoger más de 500.

El argumento siempre es el mismo: transición energética, economía circular, empleo. Pero la experiencia rural enseña a leer la letra pequeña. Las macroplantas que se proyectan no son pequeñas instalaciones ligadas a una granja: son infraestructuras industriales que tratan cientos de miles de toneladas al año, con tránsito constante de camiones, olores, riesgo para los acuíferos y un residuo —el digestato— que dista mucho del abono ideal que se promete.

Lo que se puede y lo que no se puede descentralizar

Aquí está el fondo del asunto. Resulta que sí se puede instalar una megaplanta de biogás en un pueblo de doscientos habitantes, pero no se pueden descentralizar los hospitales para que quienes vivimos en el medio rural tengamos acceso a una sanidad digna. Se descentraliza lo que molesta y lo que contamina; se centraliza lo que da calidad de vida. El campo recibe la infraestructura; la ciudad, el gas y la tranquilidad.

Nosotros notamos el deterioro porque nos lo ponen en el jardín. Pero conviene recordar que la pérdida es de todos, aunque en la Gran Vía no se enteren. Igual que con las macrogranjas: el agua, el suelo y el paisaje que se degradan aquí sostienen un sistema del que también vive la ciudad.

No es decir no a todo, es decir cómo

Esta tribuna no defiende el rechazo a cualquier proyecto. Defiende lo contrario: una industrialización sostenible. Si hace falta una planta de biogás, que tenga un tamaño gestionable y que esté ligada a las explotaciones del entorno, no a un trasiego interminable de residuos de media España. Si se instalan aerogeneradores, que parte de la empresa que los explota se ubique en el territorio, de manera que se fije población en lugar de seguir deslocalizándolo todo.

Esa es la diferencia entre una oportunidad real y un desfalco más. Y no es una idea marginal. Navarra acaba de pedir una moratoria para frenar las nuevas plantas hasta tener garantías, después de anular autorizaciones por falta de base territorial para el digestato. En Castilla-La Mancha, el Gobierno de García-Page prepara restricciones tras 13.400 alegaciones y la advertencia de que el plan abriría la puerta a cerca de un centenar de instalaciones. En ambos territorios, vecinos y expertos piden lo mismo: plantas pequeñas, locales, vinculadas a las explotaciones.

La escala marca la diferencia

La tecnología no es el enemigo. El modelo, sí. Un biogás de pequeña escala, de autoconsumo, que cierre el ciclo de los residuos dentro de la propia comarca, puede ser parte de la solución. Una macroplanta diseñada para rentabilizarse en diez años a costa de convertir el Nordeste en una «zona de sacrificio» es, otra vez, el viejo cuento de exprimir lo rural en beneficio ajeno.

La comarca lleva décadas escuchando promesas de progreso que se fueron por la autovía sin dejar nada. Esta vez, antes de aplaudir o de resignarse, toca preguntar lo de siempre: ¿quién decide, a qué escala y para quién?