OPINIÓN: El censo no salva la España vaciada

La tesis es incómoda pero difícil de rebatir: la lucha contra la despoblación rural no puede plantearse como un ejercicio contable ni como una carrera por ganar censo. En amplias zonas del interior peninsular, el sobreenvejecimiento, una natalidad muy por debajo del nivel de reemplazo y unas pirámides de población invertidas desde hace décadas hacen que crecer en número de habitantes sea, sencillamente, matemáticamente inviable a corto y medio plazo, por muchas medidas que se aprueben.

Medir el éxito de una política pública por una variable que la propia demografía ha hecho casi imposible de mover no es rigor. Es una trampa.

El "incrementalismo cuantitativo" a examen

La investigación académica lleva años documentando este problema, y su diagnóstico es duro: las administraciones diseñan sus estrategias con escasa base analítica y poca investigación empírica real, y caen en lo que se ha bautizado como "incrementalismo cuantitativo", la idea de que más población es automáticamente mejor política y menos población, automáticamente peor.

A ese error se suma el llamado "efecto aluvional". En lugar de una planificación jerarquizada y con prioridades claras, los planes estatales terminan siendo una suma desordenada de medidas ministeriales —130 en el caso del primer Plan— construidas con una lógica de corta y pega interdepartamental que en buena parte reetiqueta gasto ordinario ya existente como si fuera una política nueva contra la despoblación.

La alternativa no es dejar de actuar, sino cambiar el eje de la política pública: desplazar el foco desde el recuento estéril de vecinos hacia la equidad territorial y hacia el paradigma del desarrollo como capacidad y libertad que formularon Amartya Sen y Martha Nussbaum. Aplicado al mundo rural, es sencillo de enunciar y exigente de cumplir: lo que hay que garantizar no es que un pueblo mantenga su número de habitantes, sino el derecho de cualquier persona a residir con dignidad en el territorio que elija, con acceso real a servicios de proximidad —sanidad, educación, movilidad, conectividad— con independencia de dónde viva. Es lo que algunas estrategias autonómicas ya empiezan a llamar el "país de los 30 minutos".

Lo que revelan los números del LEADER

Si la crítica teórica resulta convincente, el respaldo empírico la refuerza. Un estudio publicado en 2025 analiza con detalle cómo se ha repartido realmente el programa europeo LEADER —el principal instrumento de desarrollo rural financiado con fondos FEADER— en Aragón entre 2014 y 2020.

Los datos son elocuentes. El trabajo examina 3.593 proyectos en 710 municipios rurales, que movilizaron 193 millones de euros de inversión total, un 70% de origen privado, con un efecto multiplicador de 2,3 euros privados por cada euro público, que sube hasta 3 euros en los proyectos de carácter productivo. Hasta aquí, un balance que podría parecer bueno.

El problema aparece al desagregar dónde fue a parar ese dinero: el 67% de los proyectos y el 69,6% de los fondos se concentraron en apenas el 33,6% de los municipios, precisamente los que partían de una situación demográfica buena o intermedia. Los municipios en situación grave o muy grave —el 66,4% del territorio con derecho a ayuda— recibieron solo el 33% de los proyectos y el 30,4% de la inversión.

Y en los municipios con la situación más crítica, apenas el 36,69% de las iniciativas financiadas tuvieron carácter productivo, capaz de generar empleo real. En el 43,3% de los municipios en riesgo grave, el cien por cien de los proyectos aprobados fueron no productivos.

Es lo que los autores bautizan como la "paradoja del desarrollo endógeno". Un modelo de reparto ascendente, pensado para que sean los propios territorios quienes decidan en qué invertir a través de los Grupos de Acción Local, tiende a favorecer a quienes ya cuentan con más capacidad técnica y administrativa para presentar proyectos competitivos, y deja fuera precisamente a los municipios que más necesitarían ese impulso. El instrumento diseñado para frenar la despoblación termina, sin proponérselo, reforzando la desigualdad entre el rural que resiste y el rural que se vacía. Quienes gestionamos estos fondos tenemos que asumir ese sesgo y corregirlo, no discutirlo.

Lo que sí está cambiando

No todo el diagnóstico es negativo. Los datos oficiales de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico muestran que, bajo la superficie del dato agregado de población, sí se están moviendo cosas relevantes, y de manera silenciosa, poco visible en un debate público centrado en el padrón.

El cambio más significativo tiene nombre de mujer. Entre 2018 y 2024, los municipios de menos de 5.000 habitantes ganaron más de 200.000 mujeres en su saldo migratorio neto, revirtiendo la pérdida de 60.000 registrada entre 2011 y 2017. Entre 2011 y 2022 se duplicó el número de mujeres con estudios superiores residentes en el medio rural. Y el porcentaje de alcaldesas en municipios de menos de 5.000 habitantes ha pasado del 18% en 2011 al 25% actual: una de cada cuatro.

Hay también un cambio jurídico de fondo, aunque avance despacio. La Ley de Titularidad Compartida de explotaciones agrarias reconoce los derechos económicos y profesionales de las mujeres que trabajan en las explotaciones familiares —hoy el 27% de los ocupados agrícolas en España, pero que históricamente solo poseían el 32% de las titularidades, frente al 68% de los hombres—. El número de explotaciones inscritas bajo esta figura se ha triplicado desde 2018, hasta las 1.586 registradas en marzo de 2026. Sigue siendo una cifra modesta, pero apunta en la dirección correcta.

Nada de esto aparece en los titulares sobre la España vaciada, porque no mueve el número total de habitantes de un municipio. Y es exactamente el tipo de transformación cualitativa —más cualificación, más capacidad de decisión, más equidad, más arraigo— que indica si un territorio se está regenerando o simplemente aguantando.

Qué habría que hacer distinto

De este cruce entre crítica académica y evidencia empírica se desprende una batería de propuestas bastante más concretas que el habitual "hay que fijar población".

La primera es dejar de medir el éxito de una política rural por el padrón. Un pueblo puede estar viviendo una regeneración real —más cohesión, más servicios, relevo generacional cualificado— incluso mientras su cifra total de habitantes se mantiene estable o sigue cayendo levemente por pura inercia demográfica.

La segunda es corregir el sesgo del propio sistema de reparto de fondos, introduciendo mecanismos explícitos de discriminación positiva que compensen la menor capacidad técnica de los municipios en riesgo grave o muy grave, en lugar de exigirles competir en igualdad de condiciones con quienes parten de mejor posición.

La tercera es institucionalizar el rural proofing, lo que aquí empieza a conocerse como Mecanismo Rural de Garantía: exigir que toda ley o reglamento sea evaluado de forma vinculante sobre su impacto específico en el medio rural antes de aprobarse, igual que ya existe la evaluación de impacto de género. Aragón y Castilla-La Mancha han incorporado variantes en su legislación autonómica, con el riesgo de quedarse en declaraciones de principios si no se dotan de instrumentos de exigencia real.

La cuarta apunta a algo que todavía no se contabiliza en ninguna cuenta pública: el valor económico de los servicios ecosistémicos que presta el medio rural —regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, prevención de incendios mediante el mantenimiento del territorio— y que hoy nadie retribuye a quienes los sostienen con su sola presencia y actividad.

Y la quinta, quizá la más determinante a la vista de los datos, es asumir sin ambigüedad que la presencia y la estabilidad de las mujeres en el territorio es la pieza clave del éxito o el fracaso de cualquier estrategia de repoblación. Allí donde se instalan, se quedan y prosperan, el relevo generacional deja de ser una hipótesis.

Una métrica más honesta

Nada de esto significa que la cifra de población deje de importar, pero conviene sincerarse. Si un territorio parte de una pirámide de población ya invertida, con décadas de emigración acumulada, exigirle que "recupere habitantes" como condición de éxito de la política pública es fijar un objetivo que la propia demografía ya ha descartado.

La pregunta que de verdad debería guiar la evaluación de estas políticas no es cuánta gente vive en un pueblo, sino si quien vive en él —o quien querría vivir en él— puede hacerlo con las mismas oportunidades y el mismo acceso a derechos que si viviera en una capital de provincia.

El censo cuenta personas. No cuenta si esas personas, o las que faltan, tienen motivos reales para quedarse.

Esteve Puigpinos es vicepresidente de CODINSE.