La mina de cuarzo de Barbolla y Sotillo: claves y preguntas sin respuesta

Con la documentación del expediente 925-20 ya en información pública y las respuestas remitidas por ambas partes, es posible reconstruir con más detalle en qué consiste el proyecto que afectaría a los términos municipales de Barbolla y Sotillo, qué explica la empresa sobre su forma de trabajar y qué cuestiones siguen sin aclararse de cara al ciudadano.

En qué consiste el proyecto

El proyecto «Segundo San Blas B» plantea la extracción de cuarzo metalúrgico sobre 15 cuadrículas mineras en Barbolla y Sotillo, durante un horizonte de 30 años organizados en seis fases de actuación quinquenal. La actividad estaría operativa entre abril y octubre de cada año. Según la documentación del expediente, el material extraído se destina a la exportación a Noruega y a otros países de la Unión Europea.

ERIMSA enmarca el destino del recurso en la consideración del silicio —que se obtiene del cuarzo— como materia prima estratégica para la Unión Europea, incluida en el listado de materias primas críticas y con aplicaciones en la energía solar y eólica, las baterías, la biomedicina o la industria 4.0.

Cómo sería la extracción, según la empresa

ERIMSA describe en su respuesta el sistema de trabajo, lo que permite al lector hacerse una idea más precisa de la actividad. La empresa lo compara con «el descantado que se practica en las tierras agrícolas de Castilla y León» y explica que el proceso se inicia separando la capa externa de la tierra, que se apila aparte. A continuación, dos equipos trabajan simultáneamente: uno extrae el material y otro lo criba. Según la compañía, solo se extrae el cuarzo de la capa superficial con un tamaño superior a cuatro centímetros —lo que cifra en un 8% del total—, mientras el resto se deposita en el mismo lugar. ERIMSA sostiene que la restauración se realiza de forma inmediata y que los terrenos se devuelven «en perfecto estado para su actividad original».

Un precedente en Galicia

Para avalar su modelo, ERIMSA apela en sus respuestas a su trayectoria: sostiene que lleva más de 40 años desarrollando una minería sostenible y que así lo «viene demostrando» en las provincias donde opera, entre ellas las gallegas. En esa trayectoria figura también un episodio que conviene conocer para contextualizar esa afirmación. La noche del 3 de abril de 2023, una balsa minera gestionada por ERIMSA se rompió en el municipio de Frades (A Coruña). Según informó La Voz de Galicia, la balsa —que almacenaba agua de lluvia para la limpieza de la piedra extraída— se vació por completo y el agua, cargada de sedimentos, alcanzó el regato Gaiteiro y, a través del río Maruzo, el Tambre, el río más largo de Galicia. El vertido puso en estado de alerta a doce municipios del área de Santiago de Compostela que captan agua del Tambre para su abastecimiento. Ecologistas en Acción de Segovia señaló entonces ese suceso como ejemplo de la distancia entre las promesas de sostenibilidad de la empresa y su práctica, y recordó que el proyecto del Nordeste afecta al entorno del río Duratón, incluido en la Red Natura 2000.

La evolución de la superficie

El cuestionario permite también situar las cifras del proyecto. ERIMSA indica que la propuesta inicial de Segundo San Blas B contemplaba 1.287 hectáreas totales, de las que 526 serían de aprovechamiento, y que afectaba a Barbolla, Sotillo y Sepúlveda. La versión actual en información pública se reduce a 429 hectáreas totales y 257 de extracción efectiva, y deja fuera los terrenos de Sepúlveda. La empresa cifra esa reducción en «cerca del 70%». Sobre el conjunto de su actividad en la zona, ERIMSA señala que «entre los dos proyectos» —Segundo San Blas A y B— suma 4.000 hectáreas, de las que prevé trabajar finalmente en 691.

La Plataforma aporta el marco más amplio: afirma que ERIMSA controla en la comarca 311 cuadrículas mineras, unas 9.300 hectáreas repartidas en varios expedientes en distintas fases. La diferencia entre unas cifras y otras se explica, en parte, por la propia naturaleza de los derechos mineros: la empresa reconoce que estos «siempre se conceden sobre una superficie muy superior a la que realmente es aprovechable». Es decir, una cosa son las hectáreas sobre las que una compañía tiene derechos registrados y otra, menor, la superficie sobre la que finalmente se solicita explotar.

Las preguntas que quedan sin respuesta

Junto a la información que aporta, el cuestionario deja varias cuestiones sin una respuesta concreta.

Preguntada por el motivo de retirar los expedientes anteriores antes de que la administración resolviera —en lugar de esperar a una resolución de fondo—, la empresa no respondió a esa cuestión y centró su contestación en describir su sistema de cribado y en presentar la reducción del proyecto como un gesto voluntario.

Preguntada por el retorno económico concreto para Barbolla, Sotillo y la comarca —canon minero, impuestos locales, cifras—, ERIMSA no aportó ninguna cantidad y respondió de forma genérica, apelando a los empleos indirectos «que se generan en una actividad como la nuestra» y al canon y los impuestos municipales que debe abonar, sin detallarlos. La Plataforma, por su parte, sostiene que el propio proyecto reconoce que la aportación económica de los seis puestos de trabajo previstos «no va a ser significativa para los municipios afectados».

Preguntada por la cadena de valor que se generaría en el propio territorio, la empresa respondió enumerando los usos del silicio en la industria mundial, pero sin concretar qué actividad económica o industrial quedaría en la comarca que aporta el recurso.

Y preguntada por las 9.000 hectáreas de derechos mineros que figuran a su nombre, ERIMSA ofreció una explicación general sobre el funcionamiento de los derechos mineros y añadió una frase de difícil interpretación: que esas hectáreas «corresponden a la empresa que, anteriormente, los había solicitado».

Una actividad prevista en plena temporada turística

Uno de los puntos que el proyecto no resuelve es la coincidencia de calendario. La actividad extractiva está planificada entre abril y octubre, el mismo periodo de mayor afluencia turística en la comarca y de visitas al yacimiento arqueológico romano de Confloenta y Los Mercados, en Duratón, situado a escasos metros de la zona de explotación según los mapas del propio proyecto. La Diputación de Segovia y administraciones europeas invierten fondos Next Generation en la musealización del yacimiento para convertirlo en un recurso turístico de la comarca.

Preguntada por esa coincidencia, ERIMSA no abordó el conflicto de calendario y respondió refiriéndose a los perímetros de seguridad y al compromiso de que un experto en arqueología supervise las prospecciones «por si en las zonas de extracción se descubren restos o vestigios arqueológicos de interés de los que actualmente no se tiene conocimiento» —es decir, hallazgos imprevistos, no la afección al yacimiento ya conocido y en proceso de musealización—. La empresa añade un «compromiso firme» de que su actividad no afectará a los bienes culturales ni a las oportunidades turísticas.

Una reunión previa a la información pública

La documentación del expediente incorpora otro dato que la Plataforma ha puesto sobre la mesa: el proyecto recoge que su redacción integra los acuerdos de una reunión mantenida con el Servicio Territorial de Medio Ambiente el 6 de marzo de 2025. El colectivo no cuestiona la legalidad de ese encuentro, pero pregunta qué se acordó en él y por qué esos acuerdos aparecen reflejados en el proyecto «antes de que el proceso de participación pública haya terminado».

Una oposición que se mantiene

La Plataforma contra la mina, constituida en marzo de 2023, mantiene su posición de «hectáreas cero» y la condiciona a tres garantías: una declaración expresa de incompatibilidad de la minería con los valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales de la zona; que esa incompatibilidad quede recogida en los instrumentos de ordenación territorial de Castilla y León; y el archivo de todos los expedientes en tramitación. El colectivo ya prepara alegaciones y reclama a la Junta que valore de forma conjunta el impacto de todos los expedientes de la empresa en la comarca.

El periodo de información pública del expediente permanece abierto hasta el 18 de junio.