Reportajes
Vivienda rural: por qué conviene apuntarse al Registro de Demandantes
El dato parece un tecnicismo administrativo, pero condiciona el acceso a la vivienda en decenas de municipios de la comarca. El Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Castilla y León, regulado por la Ley 9/2010 del derecho a la vivienda, es el instrumento con el que la Junta mide la demanda de vivienda protegida. Y esa medición tiene una consecuencia directa: sin demandantes inscritos, un pueblo no puede acogerse al programa de rehabilitación Rehabitare.
Un umbral por tramos de población
El programa Rehabitare permite a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes rehabilitar un inmueble municipal para destinarlo a alquiler social durante al menos diez años, con un coste máximo de obra de 80.000 euros más IVA y una renta que no puede superar los 3 euros por metro cuadrado útil.
Para optar, el ayuntamiento debe acreditar un mínimo de demandantes inscritos en su término, según el tramo de población: un demandante en municipios de hasta 200 habitantes, dos entre 201 y 500, tres entre 501 y 1.000 y cuatro entre 1.001 y 5.000. En la práctica, en los pueblos más pequeños del Nordeste una única inscripción abre la puerta a una vivienda rehabilitada. Si el municipio se queda sin demandantes por causas sobrevenidas, la Consejería puede designar nuevos destinatarios entre los inscritos en el conjunto del Registro autonómico.
Una demanda que casi se duplica en dos años
A petición de El Nordeste de Segovia, la Delegación Territorial de la Junta ha facilitado las cifras provinciales del Registro. El número de inscritos con inscripción vigente ha pasado de 890 a 31 de diciembre de 2024 a 1.148 a 31 de diciembre de 2025 y a 1.605 en la actualidad. En menos de dos años, la demanda registrada de vivienda protegida en Segovia ha crecido un 80 %.
Ese crecimiento coincide con un periodo de encarecimiento del alquiler en la provincia y con la llegada de nuevos pobladores al medio rural, atraídos por el teletrabajo y por el coste de la vivienda en las ciudades. El Registro, que durante años fue un trámite poco transitado, se ha convertido en un termómetro de una necesidad creciente.
Los pueblos del Nordeste con demanda registrada
Según los datos facilitados por la Junta, al menos una veintena de municipios de la comarca cuentan ya con demandantes inscritos. Entre ellos figuran Ayllón, Riaza, Sepúlveda, Boceguillas, Cerezo de Abajo, Cerezo de Arriba, Campo de San Pedro, Prádena, Sebúlcor, Fresno de Cantespino, Fresno de la Fuente, Castillejo de Mesleón, Grajera, Encinas, Navares de Enmedio, Moral de Hornuez, Montejo de la Vega de la Serrezuela, Valdevacas de Montejo, Valle de Tabladillo, Aldeacorvo, San Pedro de Gaíllos y Sotillo.
La conclusión es relevante para el conjunto de la comarca: no es cierto que en el Nordeste no haya quien quiera vivienda protegida. La hay, está registrada y crece. Lo que falta, en muchos casos, es que más vecinos conozcan el Registro y que la oferta de vivienda rehabilitada acompañe a esa demanda.
Rehabitare en la comarca
Entre las localidades del Nordeste con viviendas incorporadas al parque público a través de Rehabitare figuran Alconada de Maderuelo, Aldealengua de Santa María, Campo de San Pedro, Prádena, Santibáñez de Ayllón, Urueñas, Fresno de Cantespino, Sepúlveda, Condado de Castilnovo, Sebúlcor, Valle de Tabladillo, Navares de las Cuevas, Villaverde de Montejo, San Pedro de Gaíllos, Navares de Enmedio y Encinas, entre otras.
Para el periodo 2026-2030, la Junta prevé ocho actuaciones Rehabitare cada año en la provincia, con un importe de 96.800 euros por actuación —el tope de 80.000 euros más IVA—. Son cuarenta viviendas en cinco años para el conjunto de Segovia. La nueva línea Rehabitare Privado, que ofrecerá apoyo público a propietarios de casas vacías a cambio de ponerlas en alquiler social, se prevé extender a Segovia mediante convenio con la Diputación en 2027.
Según la respuesta de la Junta, ninguna solicitud municipal al programa Rehabitare ha quedado fuera por no acreditar el mínimo de demandantes inscritos exigido. La Administración no dispone, en cambio, del desglose de inscritos menores de 36 años: a esa pregunta responde que "no es posible obtenerlo", pese a que buena parte de las ayudas autonómicas y estatales se dirigen a ese tramo de edad.
Una pieza dentro de un debate más amplio
Los datos llegan en un momento de intensa actividad en materia de vivienda. La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, anunció en las Cortes un incremento del 80 % en la inversión autonómica y la construcción de al menos 5.000 viviendas protegidas esta legislatura. Dentro del Programa Territorial de Fomento para Segovia 2025-2030, el Nordeste tiene asignada la construcción de al menos 50 viviendas de promoción pública para jóvenes, con 7,5 millones de euros. La nueva Unidad Aceleradora de Proyectos dará tramitación preferente a las promociones de más de 50 viviendas protegidas, un umbral que ningún municipio de la comarca alcanza por sí solo.
En paralelo, el Gobierno central aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (Real Decreto 326/2026, de 22 de abril), dotado con 7.000 millones de euros. El plan incluye líneas específicas para el medio rural: hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, entre 15.000 y 20.000 euros para jóvenes que compren en localidades pequeñas y de 30.000 a 35.000 euros para rehabilitar viviendas vacías destinadas a alquiler asequible. Junta y Gobierno mantienen un desacuerdo abierto sobre la financiación: la primera reclama más fondos estatales; el segundo exige a las comunidades que apliquen la ley en las zonas tensionadas.
El debate ha saltado también a la calle. El 28 de septiembre, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas convocó concentraciones en 23 ciudades españolas bajo el lema "Tomamos las plazas", con reclamaciones sobre los desahucios, la duración de los contratos y los alquileres de temporada y por habitaciones. Las protestas, surgidas al hilo de la tramitación de un real decreto de medidas urgentes, no han tenido eco en la comarca, donde el problema se expresa de otra forma: no tanto en el precio del alquiler urbano como en la escasez de vivienda disponible y en las casas cerradas que se cuentan por cientos en los cascos de los pueblos.
El Registro, un trámite desconocido
El mecanismo choca con una barrera previa: el desconocimiento. Muchos vecinos no saben que el Registro existe, que la inscripción es gratuita o que una sola inscripción puede ser determinante para que su ayuntamiento rehabilite una casa. En pueblos donde la población envejece y los jóvenes buscan alquiler sin encontrarlo, la información es, a veces, tan escasa como la propia vivienda.
Las entidades de desarrollo rural de la comarca llevan años señalando que el acceso a la vivienda es, junto con la conectividad y los servicios, una de las condiciones para fijar población. El Registro es una herramienta sencilla dentro de ese objetivo, pero solo funciona si la demanda se hace visible.
Cómo inscribirse en el Registro
La inscripción es gratuita, no obliga a aceptar ninguna vivienda y no impide seguir buscando en el mercado libre. Puede tramitarse de forma telemática en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León o de manera presencial en las oficinas de registro. Se exige no superar unos ingresos familiares de 6,5 veces el IPREM y, para los casos urgentes ante un sorteo o adjudicación en marcha, puede solicitarse la tramitación acelerada en el correo
La Ley 9/2010 reconoce como colectivos de especial protección a las familias numerosas y monoparentales, las personas con discapacidad o dependencia, los mayores de 65 años, los jóvenes menores de 36 años, las víctimas de violencia de género y las unidades familiares en riesgo de exclusión.
En una comarca con decenas de viviendas cerradas y una demanda que no deja de crecer en el Registro, la pregunta de fondo sigue abierta: ¿cuántas de esas casas vacías podrían volver a tener vecinos si más personas supieran que apuntarse cuesta un trámite y no cuesta nada?
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