Los datos del INE confirman el deterioro de la pobreza en Castilla y León frente a la tendencia nacional

La Encuesta de Condiciones de Vida publicada el pasado jueves por el Instituto Nacional de Estadística corrobora la advertencia lanzada por Izquierda Unida Castilla y León sobre el empeoramiento de la situación social en la Comunidad. Los datos oficiales muestran una evolución claramente divergente entre Castilla y León y el conjunto del Estado en el periodo 2020-2024.

Evolución opuesta a la media nacional

La tasa de riesgo de pobreza mide el porcentaje de población con ingresos por debajo del 60% de la mediana nacional. En este indicador, Castilla y León muestra una trayectoria preocupante: mientras España ha logrado reducir su tasa de pobreza desde 2020, la Comunidad la ha incrementado de forma sostenida año tras año.

Los datos oficiales revelan que Castilla y León ha aumentado su tasa de riesgo de pobreza en 4,7 puntos porcentuales desde 2020, mientras que España la ha reducido en 1,5 puntos en el mismo periodo. Esto representa una brecha de evolución de 6,2 puntos porcentuales entre ambas tendencias.

La comunidad con peor evolución en cinco años

El análisis de las cifras del INE sitúa a Castilla y León como la comunidad autónoma con peor evolución en la tasa de riesgo de pobreza desde 2020. Con un incremento del 31,1% en términos relativos (de 15,1% a 19,8%), supera a todas las demás autonomías en deterioro.

Algunas comunidades que en 2020 tenían tasas más altas que Castilla y León han logrado mejorar. Galicia ha reducido su tasa del 22,1% al 16,0%, Asturias del 22,2% al 17,2%, y Canarias del 29,9% al 22,9%. En el lado opuesto, solo Castilla-La Mancha presenta un aumento similar, pasando del 25,1% al 25,9%.

Un cambio de tendencia preocupante

En 2020, Castilla y León tenía la segunda tasa de riesgo de pobreza más baja del país (15,1%), solo por detrás del País Vasco (10,0%). En 2024, la Comunidad ha pasado a tener una tasa prácticamente idéntica a la media nacional (19,8% frente al 19,5% de España), perdiendo toda su ventaja relativa.

El incremento más pronunciado se produjo entre 2020 y 2021, cuando la tasa subió 2,7 puntos porcentuales en un solo año. Desde entonces, el crecimiento ha sido continuo aunque más moderado, con aumentos anuales entre 0,3 y 1,3 puntos.

Dificultades económicas de los hogares

Más allá de las tasas estadísticas, los datos del INE reflejan las dificultades cotidianas de los hogares castellanos y leoneses. El 28,7% de las familias de la Comunidad no se puede permitir unos días de vacaciones, y el 28,1% tampoco tiene recursos para abordar un gasto sobrevenido.

Además, el 12% de los hogares de la autonomía no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, el 8,7% se retrasó con alguno de los pagos relacionados con la vivienda en el último año, y el 4,5% reconoce que no se puede comprar un ordenador personal.

La respuesta de IU

Izquierda Unida atribuye esta evolución a las políticas del Partido Popular en la Comunidad. Juan Gascón, candidato a la presidencia de la Junta por la coalición En Común, señaló que estos datos evidencian que el problema no es coyuntural sino resultado de decisiones políticas concretas.

"Mañueco dijo que quería a Castilla y León entre las tres mejores comunidades para vivir, de momento sólo encontramos datos en el vagón de cola", afirmó Gascón en el comunicado en el que alertaba de este deterioro.

La organización reclama un cambio de rumbo basado en tres líneas de acción: intervención en política industrial y de empleo, desarrollo de políticas de vivienda pública y mejora de la accesibilidad y efectividad de las políticas sociales.

Los datos oficiales del INE confirman la tesis central del comunicado de IU: Castilla y León presenta la peor evolución en la tasa de riesgo de pobreza de los últimos cinco años, con un incremento continuado mientras el conjunto del Estado logra reducir sus cifras. La Comunidad ha pasado de tener una de las tasas más bajas del país a situarse en la media nacional, perdiendo toda su ventaja relativa en apenas cuatro años.