El derecho a la vivienda: Una promesa constitucional pendiente

En este Día de la Constitución, mientras celebramos los 45 años de nuestra carta magna, es momento de reflexionar sobre uno de sus artículos más relevantes y, paradójicamente, más incumplidos: el artículo 47, que consagra el derecho a una vivienda digna para todos los españoles.

La realidad actual dista mucho de aquella visión esperanzadora que plasmaron los constituyentes en 1978. La juventud española se enfrenta a un panorama desolador: sueldos estancados, precios de vivienda por las nubes y un mercado del alquiler cada vez más inaccesible. Los números son demoledores: la edad media de emancipación supera los 30 años, mientras que el precio medio del alquiler consume más del 40% del salario de un joven trabajador en las grandes ciudades.

El drama de la España vaciada

El caso de Castilla y León ejemplifica perfectamente la complejidad del problema habitacional en la España rural. Según datos del barómetro de Fotocasa, la comunidad más extensa del país, con sus más de 94.000 kilómetros cuadrados, sufre una paradójica situación: mientras sus precios de vivienda (1.498 euros/m² en venta) son significativamente más bajos que la media nacional (2.259 euros/m²), la región continúa perdiendo población.

En Segovia capital, la situación presenta matices particulares que merecen atención. Con un precio medio de 1.499 euros/m² en venta, una vivienda tipo cuesta alrededor de 119.920 euros, una cifra que podría parecer asequible comparada con grandes urbes. Sin embargo, el alquiler muestra una realidad diferente: con 10,30 euros/m², Segovia capital presenta precios de alquiler superiores a otras provincias de la región, situando el coste medio mensual en unos 824 euros, una cantidad considerable para los salarios medios de la zona.

La pasividad institucional

Los poderes públicos, que según la Constitución deberían "promover las condiciones necesarias" y "establecer las normas pertinentes" para hacer efectivo este derecho, han mostrado una preocupante pasividad. Las políticas de vivienda han sido insuficientes y, en muchos casos, contraproducentes. La liberalización del suelo no ha servido para abaratar precios, sino para alimentar la especulación. Las ayudas al alquiler joven son un parche que no aborda el problema estructural.

Soluciones necesarias

La situación actual requiere medidas valientes y estructurales. Es urgente desarrollar un parque público de vivienda en alquiler que alcance los estándares europeos, superando el actual 2% español para acercarnos a la media europea del 15%. Esta medida debe ir acompañada de políticas específicas para zonas rurales que combinen el acceso a la vivienda con la creación de oportunidades laborales, especialmente en provincias como Segovia, donde el potencial de desarrollo es significativo. La regulación efectiva del mercado del alquiler debe adaptarse a las realidades locales, contemplando no solo controles de precio, sino también incentivos fiscales para propietarios que mantengan rentas asequibles. Además, resulta fundamental implementar programas de rehabilitación que revitalicen el patrimonio inmobiliario rural, permitiendo así recuperar viviendas abandonadas y dar nueva vida a pueblos que actualmente se están vaciando.

En este Día de la Constitución, el artículo 47 nos recuerda que una sociedad democrática no puede permitir que el derecho a la vivienda sea un privilegio de pocos. La vivienda digna no es solo un techo bajo el que cobijarse, es la base para construir un proyecto de vida, especialmente en comarcas como el Nordeste de Segovia, donde el equilibrio entre desarrollo y preservación del entorno rural es crucial.

Es hora de que los poderes públicos asuman su responsabilidad constitucional y conviertan el artículo 47 en una realidad tangible.