Papá, mamá... ¿qué cenamos hoy?

La pregunta del titular nos puede sonar a risa, pero quizás no estemos tan lejos de vivir una situación así. Sentarnos a la mesa y no saber lo que tenemos delante... de dónde vienen las naranjas, o qué tipo de pienso le han dado al pollo que acabamos de sacar del horno. Y eso si tenemos suerte: porque lo mismo llega el día que no podremos disfrutar un buen cordero asado porque se habrá convertido en un artículo de lujo. Esa brecha en la desigualdad en la alimentación se hará más grande si no somos capaces de pararla.
Es un tema complejo que, aunque muchas veces no lo creamos, nos afecta a toda la población de manera directa. ¿Qué está pasando en el campo? Los agricultores están inmensos en un estado de oscilación altísimo desde siempre, provocados por el cambio climático, la inestabilidad de precios y la entrada de productos de otros países que compiten de manera desleal con estándares de calidad inferiores a los suyos. Eso sin contar que son autónomos que para ejercer su actividad necesitan muchas veces un nivel de inversión muy alto para poder producir sus alimentos. El resultado es una gran incertidumbre en todo momento, lo que hace justas sus reivindicaciones, y que se han podido comprobar en las distintas manifestaciones a nivel regional y nacional con la salida a la calle de muchos agricultores en lo que ha desembocado en las llamadas tractoradas, que no han cesado, ni mucho menos. De hecho, las movilizaciones siguen adelante.

¿Dónde está la solución?
Si tuviéramos la respuesta mágica, posiblemente sobrarían tantas líneas y titulares en los medios de comunicación hablando de un tema que ya es recurrente. Lo que sí parece claro es que uno de los grandes obstáculos es que hay una capitalización por parte de personas que nada tienen que ver con el sector agrario, con propuestas antieuropeas y anticlimáticas que poco ayudan a la causa.
¿Es la solución ignorar a la Agenda 2030? Lo más seguro es que no. La mayoría de agricultores están a favor de ir hacia un modelo de agricultura más ecológica, que se traduzca en suelos menos contaminados y unos alimentos más saludables para el consumo humano. El problema surge cuando esas mismas instituciones que prohíben en nuestros suelos el uso de fitosanitarios y pesticidas perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la salud, dan luz verde sin embargo a la entrada en Europa de alimentos que no cumplen con esas normas que impone la UE, poniendo a nuestros agricultores y ganaderos en una situación contra la que no pueden competir ante unos precios irrisorios, amén de la calidad de esos alimentos que terminarán en muchas de nuestras mesas. Por eso, la agricultura necesita del apoyo de la sociedad para su transformación: que nosotros también seamos conscientes de sus reclamaciones y defender junto a ellos un modelo hacia una agricultura más verde, pero con unas normas lógicas, además de la eliminación de unos trámites burocráticos excesivos que no hacen sino dificultar su trabajo. ¿Quién cuida mejor a sus animales, y quién intenta tener sus tierras de labor en las mejores condiciones posibles si no son los propios profesionales del campo?

La Agenda 2030 defiende, entre otras, dos propuestas que tienen un carácter medioambiental: una que habla de la no entrada de productos que compitan con los europeos de manera desleal, y otra de carácter económico, con precios justos, subvenciones y una vía de diálogo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la que se contemple una PAC con medidas encaminadas a la viabilidad de las pequeñas explotaciones que garanticen su supervivencia. En definitiva, hacer política agraria para las personas, para los ciudadanos.
Paliar el hambre en el mundo y defender el planeta... ¿quién puede estar en contra de esos objetivos? El problema es que a nuestros agricultores se les pide que avancen hacia modelos de producción más ecológicos cuando en otras zonas del mundo no se pide lo mismo, y eso no parece muy responsable a la hora de tomar medidas justas. ¿A quién beneficia el uso de glifosatos? Desde luego, al agricultor y consumidor no. El libre comercio no está justificado cuando las formas de producción no son las mismas; no tienen las mismas restricciones ambientales ni laborales. La solución no está en permitir las mismas condiciones aquí que a los de fuera. Hay una Ley de Cadena Alimentaria que no se cumple. Hablamos de nuestra alimentación y de nuestro entorno.

El papel de las organizaciones agrarias, en entredicho.
Estas reivindicaciones ya se iniciaron con una repercusión que nada tienen que ver con la actual, cuando en julio del pasado año la Unión de Uniones llegó hasta Madrid para hacer oír su voz.
La Unión de Campesinos de Segovia también convocó varias movilizaciones en la provincia el pasado mes de febrero, y una movilización a nivel nacional en Madrid el 21 del mismo mes para dar notoriedad a sus reivindicaciones ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la adopción de nuevas medidas por parte del Gobierno que consideran insuficientes. UPA, COAG y Asaja hicieron lo mismo el día 26, coincidiendo con una importante reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. También el 23 de febrero, Segovia fue testigo de una protesta conjunta de todas las organizaciones agrarias. Desde entonces, las movilizaciones no han cesado; al contrario, hace apenas dos días la sociedad ha sido de nuevo testigo de cortes de carreteras y llegada de más tractores a Madrid por tercera vez.
Las movilizaciones en Europa, especialmente en Francia, ha sido el modelo a seguir y lo que ha provocado movilizaciones "espontáneas", sin unas reivindicaciones claras, dejando en entredicho el papel de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS). Sin embargo, pasarán unos días y el campo empezará a trabajar; ya no habrá tiempo para tractoradas, y deberán ser las OPAS las que tengan que continuar con las reivindicaciones.