La farmacia de Cerezo de Abajo, en el centro de una controversia sobre su continuidad

La farmacia de la localidad segoviana de Cerezo de Abajo se encuentra en el centro de una intensa polémica que enfrenta dos versiones muy diferentes sobre las causas del deterioro del establecimiento y las responsabilidades en su solución.

El conflicto se ve agravado por la compleja situación jurídica del inmueble. La propiedad del edificio pertenece a una asociación de vecinos que atesora gran cantidad de propiedades en el municipio, una herencia de los procesos desamortizadores del siglo XIX.

Mientras en otros municipios estas sociedades de vecinos devolvieron posteriormente las propiedades a los ayuntamientos, en el caso de Cerezo de Abajo esto no ocurrió, manteniéndose la titularidad en manos de la asociación vecinal que cedió el inmueble al Ayuntamiento en 1979 para uso exclusivo de farmacia.

El origen del conflicto: termitas y problemas estructurales

El farmacéutico del establecimiento ha promovido un manifiesto vecinal por la defensa de la farmacia que ha conseguido más de 400 firmas, denunciando que el inmueble arrastra desde hace más de una década problemas estructurales graves y una plaga de termitas nunca atajada.

Sin embargo, el Ayuntamiento ofrece una versión diferente de los hechos. Según el equipo de gobierno, el problema de las termitas se detectó en 2020 y el informe técnico encargado por el propio arrendatario concluyó que, aunque puede afectar estructuralmente al edificio, este "muestra un estado seguro".

La cuestión de las responsabilidades

El manifiesto promovido por el profesional farmacéutico insiste en que el Ayuntamiento debe asumir con urgencia su responsabilidad en el mantenimiento del edificio, criticando que "pese a las reiteradas advertencias, las reparaciones necesarias no se han acometido".

El consistorio, por su parte, aclara que según el acuerdo de cesión de 1979, el Ayuntamiento se compromete a realizar "obras de mejora" pero no reformas estructurales, correspondiendo al arrendatario —que paga 82,12 euros mensuales— las reparaciones por desgaste ordinario según la Ley de Arrendamientos Urbanos.

"El Ayuntamiento ha venido realizando las obras de mejora que su capacidad económica le ha permitido para el mantenimiento de la farmacia", defiende el equipo de gobierno. Y esto es así, teniendo en cuenta que la propiedad del edifico es de la mencionada sociedad de vecinos y no del ayuntamiento de la localidad.

Soluciones propuestas y dificultades administrativas

Los firmantes del manifiesto reclaman actuaciones inmediatas para evitar que la farmacia, considerada vital para personas mayores, pacientes crónicos y vecinos sin transporte propio, tenga que cerrar.

El Ayuntamiento asegura que la situación ha sido "prioritaria desde el inicio del mandato" y que, tras evaluar diferentes alternativas, la mejor solución es la construcción de un nuevo edificio que cumpla con la normativa actual y las peticiones del propio facultativo: proximidad entre consultorio y farmacia, y ubicación visible y accesible.

Para ello, el consistorio adquirió un solar en septiembre de 2020, aunque reconoce que según las medidas requeridas por las autoridades competentes, el solar no puede albergar simultáneamente consultorio y farmacia en las condiciones actuales.

Fuentes vecinales apuntan que parte de los problemas administrativos y el retraso de las actuaciones se debieron a una gestión cuestionable de la anterior secretaria municipal, lo que habría complicado los trámites necesarios para avanzar en la solución del problema.

El bloqueo administrativo y las alternativas rechazadas

Mientras el manifiesto considera que las administraciones deben actuar "antes de que la comarca quede privada de un recurso sanitario indispensable", el Ayuntamiento explica que ha ejecutado todos los trámites administrativos requeridos y que actualmente la modificación urbanística necesaria se encuentra pendiente de aprobación definitiva por parte de la Junta de Castilla y León.

El equipo de gobierno reconoce que estos trámites "no han conseguido desbloquear la situación" hasta el momento, aunque mantiene que los informes sectoriales necesarios son favorables.

Además, el consistorio revela que ha ofrecido alternativas de distinta índole para la ubicación del negocio al farmacéutico, quien habría "rechazado todas y cada una de ellas". Esta información añade una nueva perspectiva al conflicto, sugiriendo que las dificultades no se limitan únicamente a los trámites administrativos.

Por su parte, también la sociedad de vecinos, propietaria del inmueble ha ofrecido la posibilidad de dar por concluida la cesión al ayuntamiento y asumir la reforma estructural del edificio pero exige un pago de 300 € mensuales en concepto de alquiler que el farmacéutico tampoco está dispuesto a asumir.

Un objetivo común, estrategias diferentes

"Defender los servicios básicos en los pueblos es defender su futuro. Sin farmacia, sin escuela o sin médico, la España rural se vacía todavía más rápido", advierte el manifiesto, cuyas firmas han sido enviadas al Ayuntamiento, Diputación y Junta de Castilla y León.

El equipo de gobierno municipal coincide en el diagnóstico final, manifestando que la farmacia de Cerezo de Abajo "es un pilar fundamental para la vida en el entorno rural" y que "ha sido y es su prioridad que la farmacia se quede en el pueblo".

La controversia refleja las dificultades que enfrentan los pequeños municipios rurales para mantener servicios esenciales, donde los intereses del profesional que presta el servicio, las demandas vecinales, las herencias históricas de la propiedad del suelo, las deficiencias administrativas del pasado y las limitaciones presupuestarias actuales crean un complejo entramado de responsabilidades y expectativas no siempre coincidentes.