Castilla y León denuncia el abandono digital de las grandes operadoras: un cuarto de los municipios sigue sin fibra óptica

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha presentado datos contundentes que revelan una brecha digital alarmante en Castilla y León. Uno de cada cuatro municipios de la Comunidad carece de banda ancha fija mediante fibra óptica, una cifra que duplica la media nacional. En provincias como Soria, la situación es crítica: seis de cada diez pueblos carecen de fibra óptica o tecnología móvil 4G o 5G.

El consejero José Luis Sanz Merino ha anunciado que remitirá al Ministerio de Transformación Digital un informe detallado sobre estas deficiencias, además de ofrecer colaboración económica de la Junta para subsanar lo que considera un "agravio" para los ciudadanos rurales. "Hoy, uno de cada cuatro municipios de la Comunidad no tiene banda ancha fija mediante fibra óptica", ha señalado, añadiendo que "hablamos de pueblos pequeños, donde cada conexión marca la diferencia entre poder estudiar online o no, emprender o no, teletrabajar o no".

¿Dónde está la responsabilidad de las operadoras?

La investigación sobre el papel de las grandes compañías telefónicas en este déficit de cobertura revela una compleja trama de obligaciones legales limitadas, lógica de mercado y ayudas públicas insuficientes.

Aunque la Ley General de Telecomunicaciones establece que las operadoras deben facilitar el despliegue de redes, las obligaciones de cobertura específicas están vinculadas principalmente a las licencias de espectro radioeléctrico. Estas obligaciones de cobertura se concentran en corredores de transporte principales y determinadas zonas poblacionales, dejando fuera amplias áreas rurales.

Telefónica, como operador designado para garantizar el servicio universal en España, está obligada a proporcionar conexión telefónica fija con una velocidad de acceso a internet de solo 1 Mbps, una cifra ridícula para las necesidades actuales de teletrabajo, educación online o comercio electrónico.

Para Telefónica, como operador dominante, no resulta económicamente rentable invertir en zonas con menor densidad de población, dado que debe priorizar inversiones con retorno claro a corto y medio plazo. Los datos lo confirman: Telefónica ha desplegado fibra en el 100% de municipios de más de 50.000 habitantes y el 85% de los de entre 5.000 y 50.000 habitantes, pero la cifra se reduce drásticamente al 30% en localidades de menos de 5.000 personas.

Ayudas públicas: ¿suficientes o mal utilizadas?

Las operadoras han recibido importantes subvenciones del programa UNICO financiado con fondos europeos. Entre 2021 y 2023, se repartieron casi 630 millones de euros entre Telefónica, Orange, Vodafone, Adamo, Avatel y otras operadoras para el despliegue de banda ancha rural. Sin embargo, las revisiones actuales están siendo cada vez más estrictas, comprobando cada unidad inmobiliaria al detalle para verificar que las operadoras han cumplido sus compromisos.

En el caso del 5G, el Gobierno ha resuelto ayudas por 508 millones de euros para desplegar esta tecnología en municipios de menos de 10.000 habitantes, beneficiando a más de 1,8 millones de habitantes. A pesar de estas inversiones, los resultados en Castilla y León siguen siendo insuficientes.

La alternativa: operadoras locales

Las operadoras locales han demostrado que sí hay negocio en el rural, desplegando banda ancha en más de 700 pueblos de España y atendiendo a 400.000 clientes. Compañías como Avatel, agrupación de 150 compañías municipales, han logrado rentabilidad gracias a su cercanía al territorio, conocimiento del mercado local y estructura de costes adaptada.

En la propia comarca del Nordeste de Segovia, Nordesnet ha dado servicio a varios municipios gracias a iniciativas de "hacenderas digitales", actualizando así la tradición castellana del trabajo comunitario para llevarla al despliegue colaborativo de infraestructuras de telecomunicaciones. Este modelo, que combina la participación vecinal con el conocimiento técnico de operadores locales, demuestra que las soluciones para la conectividad rural pueden surgir del propio territorio cuando las grandes compañías no llegan.

El informe presentado por la Consejería busca forzar una corresponsabilidad del Estado en la financiación del despliegue, pero también plantea preguntas incómodas sobre el modelo actual: ¿es suficiente con obligaciones de cobertura limitadas? ¿Deben las operadoras que obtienen licencias millonarias de espectro tener más responsabilidad social con el territorio? ¿O debe ser el Estado quien asuma directamente esta inversión como un servicio público esencial?

Lo que está claro es que, mientras se resuelven estas cuestiones, miles de vecinos de la Comunidad siguen esperando una conexión digna al mundo digital del siglo XXI.