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Pleno de las Cortes de Castilla y León de este miércoles ICAL
Pleno de las Cortes de Castilla y León de este miércoles ICAL

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Las Cortes aprueban una ley para cubrir plazas sanitarias de difícil cobertura como la de matrona en Riaza, Sepúlveda y Navafría

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles, con 51 votos favorables y 28 abstenciones, la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por PP y Vox para facilitar la provisión de puestos sanitarios de difícil cobertura en la comunidad. La normativa, que podría dar respuesta al problema de la plaza de matrona en Riaza, Sepúlveda y Navafría sin cubrir desde la jubilación de la profesional, no entrará en vigor de forma inmediata: la primera declaración de puestos de difícil cobertura no llegará hasta el primer trimestre de 2026.

La nueva ley, que cuenta con el apoyo de los grupos parlamentarios y las organizaciones sindicales, crea un marco normativo que la Consejería de Sanidad define como "uno de los más completos del Sistema Nacional de Salud" para hacer frente a la escasez de profesionales sanitarios, especialmente médicos y enfermeros, en atención primaria, hospitalaria y servicios de urgencias.

Una ley que llega tarde y sin soluciones inmediatas

Como informó este periódico el pasado 27 de noviembre, la Gerencia de Asistencia Sanitaria reconoció oficialmente la falta de cobertura de la plaza de matrona en Riaza, Sepúlveda y Navafría, admitiendo "la dificultad en la cobertura de dicha plaza" pese a haberla ofrecido "en varias plataformas nacionales sin éxito". La solución provisional —una matrona disponible solo una tarde al mes— generó indignación entre las usuarias de la zona.

"Llevamos meses avisando de que esto iba a pasar y no han hecho nada", denunciaba en noviembre Lucía, madre de dos hijos y residente en Sepúlveda. Ahora, la administración regional reconoce implícitamente el problema estructural que los vecinos llevan meses denunciando, pero lo hace sin ofrecer soluciones inmediatas.

La norma prevé un calendario que se extiende hasta la primavera de 2026: primero se propondrán los puestos a calificar como de difícil cobertura, después la Gerencia Regional de Salud los declarará formalmente, se abrirán procesos extraordinarios de movilidad interna voluntaria y, si no se cubren, se convocarán procesos selectivos. Todo ello mientras las mujeres embarazadas de la comarca siguen sin atención especializada.

Rafael Alonso, portavoz del círculo de Podemos Riaza Nordeste que convocó la concentración del 7 de noviembre, señaló entonces que no había "ni concurso abierto para cubrir la plaza". Un mes después se aprueba una ley que establece el marco legal para hacerlo, pero que deja a las usuarias sin cobertura efectiva durante al menos cuatro meses más, con la incertidumbre de que el proceso pueda alargarse si no hay candidatos.

Una sanitaria de la zona, que prefiere mantener el anonimato, ofrece una visión desde dentro del sistema que refuerza las críticas a la gestión: "Lo de cubrir puestos de difícil cobertura... pues siempre la misma película. Cosas que se prevén pero que dejan siempre para el final encontrándose un problema sin solución a corto plazo".

Según esta profesional, el problema no se limita a la plaza de matrona. "Lo de cubrir puestos con personal eventual... ya lo hacen. Por ejemplo, la enfermera de pediatría, que es una especialidad de la misma forma que matrona, se ha cubierto con enfermera diplomada", explica por lo que hay una discontinuidad total y absoluta en cuanto a la enfermera de pediatría: revisiones, correcciones de calendarios...".

Incentivos económicos y mejoras laborales

La ley define los puestos de difícil cobertura como aquellos de medicina y enfermería cuya falta de provisión tenga carácter estructural. Cuando un puesto es declarado como tal, se abre el procedimiento para su provisión con una serie de medidas extraordinarias.

Entre los incentivos económicos, la norma establece un complemento retributivo de 6.000 euros anuales para el Grupo A1 (médicos) y de 1.300 euros para el Grupo A2 (personal de enfermería), mejorando sustancialmente lo regulado en 2019. Además, contempla ayudas al desplazamiento y al alojamiento para facilitar que los profesionales se trasladen a estas zonas.

En cuanto a los incentivos no económicos, la ley prevé una Oferta de Empleo Público específica para estos puestos, así como ventajas para la carrera profesional: estar más de tres años en el mismo puesto de difícil cobertura computa el doble a efectos de carrera profesional. También se establece el cómputo del doble de tiempo de los servicios prestados para las bolsas de empleo, el reconocimiento de servicios prestados, y medidas de flexibilización de horario y jornada. La declaración tendrá una duración inicial de tres años, prorrogables otros tres.

Medidas para actividades de difícil prestación

Además de los puestos de difícil cobertura, la ley aborda las actividades asistenciales de difícil prestación, estableciendo la atención continuada en otro centro. Esto permite que un sanitario de un centro de salud pueda hacer guardias en otro centro distinto, recibiendo un complemento adicional al importe que se percibe habitualmente por las guardias.

También se plantea la gestión compartida entre centros de salud próximos, de manera que puedan acordar una gestión compartida de las guardias entre profesionales de uno y otro centro, siempre garantizando la cobertura suficiente en los centros de origen. La norma contempla además la posibilidad de la suspensión voluntaria de la exención de las guardias para los médicos mayores de 55 años.

Profesionales sobre el terreno, no calendarios legislativos

Aunque la aprobación de esta norma supone un reconocimiento oficial del problema, la tardanza en su aplicación genera frustración. Mientras tanto, las mujeres embarazadas de Riaza, Sepúlveda y Navafría siguen sin una matrona que les garantice seguimiento adecuado. María, vecina de Riaza embarazada de cinco meses, lo expresaba con claridad: "No es lo mismo que te atienda una enfermera que una matrona especializada. Ahora me dicen que tendré que desplazarme o que me atenderá quien pueda, y eso no me da ninguna seguridad".

La administración regional ha aprobado hoy una herramienta legal, pero las mujeres de la comarca necesitan profesionales sanitarios sobre el terreno, no calendarios legislativos que postergan las soluciones. La respuesta no llegará antes de primavera de 2026, dejando a las usuarias en la misma situación de precariedad durante meses.