Riaza reclama La Pinilla y fija el 21 de septiembre como fecha clave

La tesis del Ayuntamiento, propietario de la estación a través de la sociedad municipal La Pinilla S.A., coincide con lo que refleja el propio proyecto de inventario que la administración concursal presentó el 24 de agosto: la empresa que explotaba la estación no posee nada de ella. Ese documento valoró en cero euros todo lo que la sociedad posee y puede cobrar.

"Lo que ponen en concurso son los activos que son nuestros, no son de ellos", resume el alcalde. "Es un alquiler."

Un contrato que permitía subarrendar el 25%

El dato más relevante que aporta Riaza afecta a los cuatro subarriendos recogidos en el inventario, que la administración concursal describe como "todos ellos con vinculaciones personales" y que suman una renta de 111.000 euros mensuales.

Según el alcalde, el contrato firmado en diciembre de 2022 autorizaba a subarrendar hasta un 25% de las actividades. Al repartirlas entre cuatro sociedades, sostiene, la concursada subarrendó la totalidad de la explotación. Su conclusión es que se trata de un incumplimiento de contrato, y añade que esos subarriendos se hicieron a sociedades del propio grupo de gestores.

Cerezo explica que sus abogados desaconsejaron rescindir el contrato porque la rescisión habría trasladado a La Pinilla S.A. la responsabilidad sobre los trabajadores, en un momento en que la plantilla ya estaba en un expediente de regulación de empleo.

Este periódico ha solicitado la versión de la sociedad concursada y de su administrador único sobre este punto, sin obtener respuesta.

Ocho meses sin cobrar el alquiler

El alcalde afirma que la empresa dejó de abonar la renta en enero de 2026 y que La Pinilla S.A. sigue emitiendo la factura cada mes. Más significativo es lo que añade: esa deuda no figuraba en la relación que la propia concursada presentó al solicitar el concurso, y ha sido la administración concursal la que ha tenido que incorporarla después. Los recibos de IBI que Riaza también reclama no han sido admitidos, según su relato, y el Ayuntamiento trabaja con la Diputación de Segovia para acreditarlos antes del 21 de septiembre.

Benjamín Cerezo sitúa la deuda total de la sociedad por encima de los dos millones de euros y descarta que los acreedores lleguen a cobrar. Sobre la reclamación de 1.600.000 euros que la concursada mantiene contra el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba —el único activo que declaró y que la administración concursal valoró en cero— su juicio es tajante: la considera inviable.

Una segunda oferta sobre la mesa

El proceso de venta de la unidad productiva ha cambiado. Según el alcalde, la administración concursal le comunicó que la oferta inicial se retiraba al no querer mejorar una segunda propuesta impulsada por Riaza. Esa nueva oferta plantea que todos los activos regresen a La Pinilla S.A. y abrir después un acuerdo de gestión público-privada.

Cerezo afirma que la oferta inicial procedía del entorno de los actuales gestores. También dice haber rechazado una propuesta interesada únicamente en el hotel: descarta trocear la estación, aunque no cierra la puerta a que distintas empresas gestionen instalaciones concretas en el futuro.

El Ayuntamiento está tramitando los poderes notariales para personarse formalmente en el procedimiento antes del 21 de septiembre.

Dos versiones sobre la sanción por la tala

El inventario recoge que sobre las parcelas de la concursada pesa una sanción de unos 300.000 euros derivada de una tala. El alcalde ofrece una versión distinta: sostiene que Cerezo de Arriba reclama esa cantidad tanto al Ayuntamiento de Riaza como a La Pinilla S.A., que los trabajos fueron un cortafuegos ejecutado durante el incendio del pasado septiembre y que el secretario municipal ya ha presentado alegaciones por defectos en el procedimiento.

Cerezo dirige además reproches directos al consistorio vecino: afirma que no solicitó una línea de subvenciones destinada a resolver el abastecimiento de agua en La Pinilla mediante un nuevo depósito, y sostiene que su Ayuntamiento ofreció asesoramiento que no fue aceptado. Este periódico ha trasladado esas afirmaciones al Ayuntamiento de Cerezo de Arriba, que no ha respondido.

El invierno, prácticamente perdido

Al margen del procedimiento judicial, el alcalde es claro sobre el calendario: la temporada 2026-2027 está descartada. La estación no tiene personal —las ocho o nueve personas cualificadas que sabían abrirla fueron despedidas—, carece de director técnico y tendría que superar todas las revisiones obligatorias. A eso se suma que ni siquiera puede acceder a las instalaciones: están bajo control del juzgado.

Su horizonte es reabrir en el verano de 2027, y reconoce que la fórmula futura pasará previsiblemente por una gestión mixta.

Qué se decide hasta el 21 de septiembre

El 21 de septiembre concluye el plazo para personarse en el procedimiento. Después llegarán el informe de la administración concursal y la resolución judicial, que decidirá quién se queda con la explotación y en qué condiciones.

De esa decisión depende algo que va más allá de las dos partes enfrentadas. El cierre de la estación se ha notado este verano en los negocios de Riaza, de Cerezo de Arriba y de los pueblos de la Sierra de Ayllón, y ninguna de las alternativas sobre la mesa funcionará sin un acuerdo entre las tres patas del asunto: la propiedad municipal, el inversor que entre y el Ayuntamiento en cuyo término se levanta la estación.

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