La Pinilla: el gerente atribuye el cierre a la retirada de licencias

Es la primera vez que la sociedad que explotaba la estación de esquí, habla públicamente desde que se abrió el concurso voluntario de acreedores. Su relato contradice en varios puntos el que ofreció días antes en la misma emisora el alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo, cuyo Ayuntamiento reclama los activos a través de la sociedad municipal La Pinilla S.A.

El escrito del 25 de enero

El gerente sitúa el origen del cierre en una comunicación recibida el 25 de enero de 2026. Según su relato, el escrito le indicaba que a partir del día siguiente no podían celebrarse eventos en la explanada de la estación.

La programación de enero, febrero y marzo ya estaba cerrada y los carteles eran públicos. El primer concierto, previsto para el día 26, se anuló. Los siguientes se trasladaron a otras ubicaciones, uno de ellos al aparcamiento.

"Las licencias estaban"

Su tesis central es que la actividad no era irregular. Afirma que la licencia de restauración se obtuvo primero y que después se solicitó y se concedió la de eventos, al amparo de la cual se celebraron conciertos durante tres años, algunos de hasta 4.000 asistentes. Dice conservar toda la documentación.

Reconoce, en cambio, una actuación sin permiso: un glamping con plataformas de madera y una veintena de tiendas que, admite, no se solicitó.

También defiende la compra de parcelas para el proyecto de cabañas: sostiene que ya eran urbanas cuando las adquirieron y que el proyecto se modificó siete veces a lo largo de tres años hasta obtener la licencia, anulada después por la vía judicial.

El edificio, el origen de todo

El punto en el que insiste es el edificio donde se celebraban los eventos, que no es solo el escenario: incluye tres plantas de garajes, el restaurante Lobo, las oficinas y el telecabina.

Ese edificio está apuntalado, y el gerente subraya que ya lo estaba cuando accedió a la explotación. Afirma que se reforzaron los puntales siguiendo el criterio de los arquitectos para poder obtener la licencia.

Tras las denuncias, la Diputación de Segovia envió técnicos a inspeccionarlo. El gerente cita textualmente el informe resultante: "El edificio no deberá destinarse a ningún nuevo uso que implique la presencia permanente o eventual de personas". Al afectar al conjunto, la limitación alcanza también al restaurante, a las oficinas y al telecabina.

Añade un problema de fondo que dice haber intentado resolver sin conseguirlo: los garajes de las plantas inferiores pertenecen a múltiples propietarios desde hace décadas, y el intento de agruparlos en una cooperativa no prosperó.

Por qué dejó de pagar la renta

El alcalde de Riaza afirmó que la sociedad lleva desde enero sin abonar el alquiler. El gerente no lo niega y lo vincula directamente al informe: sostiene que dejó de pagar a partir del 25 de enero porque lo que tenía arrendado ya no se podía utilizar.

Recuerda además que él no es el propietario de la estación, sino el que la explota, y que hasta esa fecha estuvo abonando la renta.

Las sociedades y el incumplimiento de contrato

Sobre la acusación de haber subarrendado la totalidad de la explotación cuando el contrato permitía ceder el 25%, responde que las sociedades se crearon por epígrafes de actividad —restauración, hotel, eventos, nieve y bike park—, con los mismos socios y por razones contables, y que ello se conocía desde el principio.

Niega igualmente haber preparado el concurso: afirma que hasta diciembre los socios seguían aportando dinero propio y que la decisión se tomó a partir del 25 de enero.

Pérdidas, deuda y trabajadores

Según su relato, solo la primera temporada de nieve fue aceptable y el resto se saldaron con aperturas de apenas diez días, frente a los costes fijos de energía, personal y mantenimiento. Sostiene que ningún socio ha repartido beneficios, que las aportaciones se hicieron con dinero personal y que los créditos bancarios siguen vivos.

Discrepa de la cifra de deuda de 1,7 millones —la sitúa algo por debajo— y afirma que la mayor parte corresponde a compañías eléctricas y proveedores, con una parte heredada de la etapa anterior.

En cuanto a la plantilla, indica que los trabajadores pasaron por el FOGASA, que se les abonó el finiquito y que los trámites se prolongaron unos dos meses.

La reclamación de 1,6 millones

La demanda de 1.600.000 euros contra el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba responde, según explica, a la retirada de la licencia de eventos: había entre doce y catorce conciertos contratados con promotores, entradas vendidas y contratos de producción firmados, y las penalizaciones recayeron sobre la gestora.

El caso que cita como más complejo es el del eclipse solar del 12 de agosto, un evento firmado con año y medio de antelación que finalmente no se celebró en la estación. 

Este periódico publicó el 24 de junio que el Ayuntamiento de Cerezo de Arriba había resuelto no autorizar aquel festival, denominado Astral Plane y anunciado para los días 10, 11 y 12 de agosto con un aforo declarado de 10.000 personas, tres escenarios y más de treinta artistas. La denegación consta en el Decreto de Alcaldía número 82, de 18 de junio de 2026, firmado por el alcalde, Juan Antonio Gómez Manzanares, en respuesta al escrito de puesta en conocimiento presentado el 16 de junio. La solicitud se registró, por tanto, cinco meses después del escrito de enero que, según el gerente, dejó sin efecto la licencia de eventos.

Pese a la resolución municipal, la promoción y la venta de entradas continuaron activas en la web del festival. La documentación de aquel expediente vinculaba la organización a Astral Plane LLC, con domicilio en Austin (Estados Unidos), a Mountain Gravity Parks, S.L., con sede en las instalaciones de la estación, y a la propia La Pinilla Management Corporation, S.L.

Dos ayuntamientos y una asociación

El gerente atribuye la cadena de denuncias a la Asociación Salvemos el Pico del Lobo, y sostiene que las reclamaciones por ruido y aforo no prosperaron hasta que se centraron en el estado del edificio.

Sobre los consistorios, afirma que el proyecto superó la capacidad del Ayuntamiento de Cerezo de Arriba y que con Riaza no encontró apoyo. Subraya que no ha llegado a celebrarse una reunión entre ambos ayuntamientos.

Su balance personal admite errores: dice haber hecho cosas mal, pero "con ganas de hacer cosas bien".

Qué pasa ahora

El proceso está en manos de la administración concursal, que sigue recabando documentación. El gerente afirma estar a la espera de una reunión con el alcalde de Riaza.

El 21 de septiembre concluye el plazo para personarse en el procedimiento. Después llegarán el informe de la administración concursal y la resolución judicial, que decidirá quién explota la estación y en qué condiciones. De esa decisión dependen los negocios de Riaza, de Cerezo de Arriba y de los pueblos de la Sierra de Ayllón, que han notado el cierre durante todo el verano.

Lo que ya se propuso y sigue sobre la mesa

En marzo de este año, con la estación todavía abierta y tras siete días de apertura en toda la temporada, este periódico publicó el reportaje La Pinilla: una oportunidad para repensar el modelo entre todos, en el que se preguntó a todas las partes y se recogieron propuestas concretas. Aquel trabajo situaba el problema de fondo en la coordinación entre administraciones, no en ninguna de las posiciones enfrentadas.

El expediente del festival del eclipse lo confirmó en junio. Cuando este periódico preguntó quién autorizaba qué, la Junta de Castilla y León remitió la competencia al Ayuntamiento, la Subdelegación del Gobierno la situó en la Junta y la Diputación de Segovia respondió que no tenía conocimiento del asunto.

Las propuestas que recogía aquel reportaje siguen disponibles: asistencia técnica permanente de la Diputación a un ayuntamiento de 150 habitantes que tramita expedientes de gran complejidad, una mesa de coordinación facilitada por la Junta, un papel activo de Riaza como propietario y una línea específica de apoyo a la reconversión de infraestructuras de montaña, como la que ha llevado a la Diputación de León a comprometer una inversión en la estación de San Isidro.

La resolución judicial decidirá quién explota La Pinilla. El encaje administrativo que haga viable esa explotación no lo resuelve el juzgado, y es el mismo que quedaba pendiente en marzo.

Declaraciones recogidas en la entrevista emitida hoy por Nordeste Radio