OPINIÓN Nordeste de Segovia: lo que se apaga si Bruselas diluye LEADER

Fdo: CODINSE — Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia

Cuando Rafael Llamas, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), advirtió el 10 de septiembre que "treinta y cinco años de desarrollo rural en España están en juego", no exageraba.

El nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 amenaza con disolver la financiación de LEADER dentro de planes nacionales genéricos, sin una reserva presupuestaria diferenciada que la proteja.

Frente a eso, Llamas plantea tres exigencias: un blindaje mínimo del 5% de los recursos para las áreas rurales, unos 1.300 millones de euros para España en siete años; que ese porcentaje sea obligatorio y diferenciado, y que se mantengan los Grupos de Acción Local (GAL) como estructura de gobernanza. Las tres deberían aprobarse sin rebajas, porque cada una es condición necesaria de lo que ya se ha conseguido.

Un Grupo de Acción Local que respalda a la REDR

Esto no se escribe desde fuera. CODINSE, el Grupo de Acción Local del Nordeste de Segovia, forma parte de la REDR y suscribe íntegramente las tres exigencias.

No son solo las demandas de su presidente. Son las del conjunto de los Grupos de Acción Local de España, y las que compartimos con los del resto de Europa a través de ELARD, la red europea que los agrupa. En el fondo, son nuestras propias demandas.

Treinta y cinco años de LEADER con resultados medibles

Los treinta y cinco años no son una cifra simbólica. Es el tiempo que ha costado construir, desde la primera Iniciativa LEADER hasta la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico (2026), una arquitectura que hoy da resultados medibles.

Los municipios de menos de 5.000 habitantes pasaron de perder 359.320 personas entre 2011 y 2017 a ganar 152.545 entre 2018 y 2024, con un saldo migratorio que pasa de -184.000 a +440.000.

En ese periodo se han instalado en el medio rural más de 200.000 mujeres, frente a la pérdida de 60.000 en el anterior. El número de mujeres con estudios superiores en los pueblos se ha duplicado en once años, y una de cada cuatro alcaldías pequeñas la ocupa hoy una mujer, frente a menos de una de cada cinco en 2011.

Nada de esto es inercia. Es el resultado de un instrumento que pone la decisión de inversión en manos de los Grupos de Acción Local, formados por ayuntamientos, pymes y asociaciones de cada comarca, y que funciona como política activa de fijación de población, no como una partida contable más.

Ese diseño es exactamente el que el borrador del MFP pone en riesgo al proponer subsumir la financiación rural en planes nacionales sin garantía diferenciada.

Qué se pierde si Bruselas no blinda el 5%

Sin las tres condiciones que pide la REDR, lo primero que se pierde son los propios GAL: una red de confianza y capacidad técnica acumulada durante décadas que, una vez disuelta, no se reconstruye en una legislatura.

Lo segundo es el efecto multiplicador que hoy convierte cada euro público en tres de inversión privada. Ese efecto depende de que el instrumento sea estable y previsible, y se derrumba mucho más rápido que el propio recorte presupuestario.

Lo tercero, los más de 72.000 empleos directos generados en la última década en sectores como el agroalimentario, el turismo rural o la artesanía. Son sectores sin otra red de apoyo específica cuando los fondos genéricos de cohesión se destinan, como suele ocurrir, a prioridades urbanas y a infraestructuras de escala nacional.

Y lo más grave: el riesgo de revertir el avance demográfico más reciente y más frágil, el que lleva apenas entre siete y once años consolidándose. La llegada de mujeres al medio rural y el relevo generacional dependen de que haya inversión productiva sostenida justo en los territorios donde ese relevo está en juego.

La demografía rural no tiene un suelo natural por debajo del cual deje de caer. Si vuelve a faltar el instrumento que ha permitido la primera reversión en generaciones, lo más probable es que vuelva a caer.

Tres condiciones que no admiten sustituto

El 5% obligatorio convierte una prioridad política, revisable cada legislatura, en un derecho protegido. Sigue la misma lógica del rural proofing, la evaluación del impacto rural de las políticas, que España ya incorpora en su legislación (Ley 27/2022).

El carácter diferenciado es indispensable porque ningún otro instrumento europeo aplica con la misma trayectoria el modelo de gobernanza local de LEADER. Fusionarlo con líneas genéricas supone sustituir una política activa de fijación de población por una subvención sectorial más.

Mantener los GAL es mantener la infraestructura institucional a través de la cual se ejecutaría también buena parte de la II Estrategia, como el "país de los 30 minutos" o la atracción de nuevos pobladores. Desmantelarlos no solo pondría en riesgo LEADER: dejaría sin instrumento operativo a toda la Estrategia aprobada en 2026.

El MFP 2028-2034, prueba del compromiso con el reto demográfico

En siete años, España ha pasado de un Comisionado frente al Reto Demográfico a una Vicepresidencia del Gobierno y a una Estrategia que sitúa la equidad territorial como principio de Estado.

Ese recorrido quedaría en papel mojado si, en la negociación decisiva del MFP, el instrumento que ha sostenido esos avances se queda sin protección presupuestaria.

Las tres exigencias de la REDR no son una demanda gremial. Son la condición mínima para que treinta y cinco años de política rural, y sus primeros resultados tangibles, no se pierdan en una reprogramación que ningún pueblo del Nordeste de Segovia, ni de ninguna otra comarca despoblada, podría permitirse pagar.