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Opinión

Qué significa la Ley de Restauración de la Naturaleza para el medio rural

La aplicación estricta de esta ley no trae beneficios reales y sí muchos más costes para una población y un territorio ya suficientemente castigados por la falta de rentabilidad de las explotaciones.

Casi un año antes de que tengan lugar las Elecciones al Parlamento Europeo (junio de 2024), un proyecto legislativo rompió el consenso entre los dos grandes grupos políticos europeos que se conservaba desde las elecciones de 2019 que dieron lugar al actual Colegio de Comisarios: la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN). ¿Cómo es posible que algo con un título tan sugerente y dentro de la estricta ortodoxia del Pacto Verde Europeo haya provocado tal terremoto? Como siempre sucede, el diablo está en los detalles.
Sobre el papel se trata de una normativa que tiene como objetivo restaurar los ecosistemas degradados en las zonas marinas y terrestres de la UE. La ley establece que los Estados miembros deberán poner en marcha medidas de restauración que cubran, en conjunto, al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE para 2030. Hasta aquí, todo aparentemente normal, sin salirnos del discurso dominante hasta la fecha y mantenido hasta el día de salida del ya exvicepresidente de la Comisión, Franz Timmermans.
Pero ¿qué es lo que está detrás en realidad de esta norma? Es lo que esconde el término restauración. El legislador parte de un modelo idílico donde toda intervención humana es susceptible de ser destruida para restaurar el entorno natural preexistente.
Tal afirmación requiere de un conocimiento de cuál era la situación previa, como si la realidad fuese binaria y el legislador, omnisciente. Ni una cosa ni la otra. Por ejemplo, una intervención humana que se destaca en la nueva ley como objeto de restauración son los embalses, tanto las grandes construcciones como las medianas y pequeñas, o toda aquella construcción que interviene sobre el curso natural de los ríos.
Negar la capacidad del ser humano para adaptar el hábitat donde vive sin que suponga un daño relevante, y negar la capacidad que tiene la naturaleza para adaptarse y cambiar según el transcurso del tiempo, es de los mayores sinsentidos que se han consumado en la Europa del último cuarto de siglo. El concepto de naturaleza salvaje con masas forestales y especies animales que crecen sin control, así como la limitación que supone a la capacidad de producir alimentos, es inviable en Europa y probablemente será objeto de revisión por la próxima Comisión a partir de junio.

La LRN ha sido objeto de una intensa polémica, con los agricultores y ganaderos europeos expresando su preocupación por el impacto que la ley podría tener en su sector. Los críticos de la ley argumentamos que va a reducir la producción de alimentos, aumentar los costes de producción y contribuir a la despoblación rural. El razonamiento es muy sencillo. La ley exige a los Estados miembros que restauren una serie de ecosistemas, incluidos los bosques, los humedales y los pastizales.
Estos ecosistemas son fundamentales para la producción de alimentos, ya que proporcionan hábitats para la fauna y la flora que benefician a la agricultura. Por ejemplo, los bosques son importantes para la polinización, ya que proporcionan alimento y refugio a las abejas y otros polinizadores. Los humedales son importantes para el control de las inundaciones, ya que absorben el exceso de agua. Los pastizales son importantes para el pastoreo, que es una forma sostenible de producir carne y leche.
Una aplicación estricta de la LRN podrá obligar a los agricultores y ganaderos a reducir el uso de tierras agrícolas para restaurar un ecosistema del que no tenemos noción alguna de cuál era su estado natural (¿el de hace un siglo, dos, tres…?) y, en consecuencia, reducir la producción de alimentos de la UE, lo que provocará un aumento de los precios de los alimentos, una reducción de la seguridad alimentaria y una mayor dependencia de terceros países que no cumplen con los mismos estándares europeos.
A cambio, la LRN propone a los Estados Miembros elevar las subvenciones para plantar árboles o restaurar humedales sin que haya una contabilidad clara de los beneficios ambientales que pueden proporcionar.
En definitiva, abandonar actividad productiva por actividad subvencionada, más dependiente de la política y con menor horizonte de futuro. Es lo que los grandes propietarios de tierras escasamente productivas en Alemania (votantes en su gran mayoría de la CDU) han aceptado. ¿Por qué aceptar ser más dependiente del Estado y no el arrendamiento a largo plazo de estas tierras para proyectos de energías renovables?
En segundo lugar, la LRN también aumentará los costes de producción por la prohibición, en un caso, y la limitación, en otro, de productos fitosanitarios, abonos y otras materias primas esenciales para elevar la productividad de los cultivos.
Y, por último, el impacto no menor sobre la despoblación rural. La agricultura es una importante fuente de empleo en las zonas rurales de la UE. La reducción de la producción de alimentos podría provocar la pérdida de puestos de trabajo en el sector agrícola, lo que podría contribuir a la despoblación de estas zonas.
Además, la LRN podría dificultar la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas pequeñas y familiares. Estas explotaciones suelen tener menos recursos que las grandes explotaciones para adaptarse a los cambios legislativos. La LRN podría obligar a estas explotaciones a reducir su tamaño o a cerrar.
En suma, la LRN no trae beneficios reales y sí muchos más costes para una población y un territorio ya suficientemente castigados por la falta de rentabilidad de las explotaciones, la ausencia de un mercado vertebrado, envejecimiento y despoblación. Esperemos que en la próxima legislatura europea cambien aspectos sustanciales antes de que sea demasiado tarde.

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