Editoriales
Cuando la burocracia traiciona lo público
Defender los servicios públicos significa exigir que funcionen bien. Y hoy, la burocracia mal diseñada está traicionando esa promesa. El problema no es que tengamos empleados públicos —médicos, maestros, profesionales vocacionales—, sino que muchos se ahogan en un sistema administrativo que les impide hacer su trabajo.
El coste invisible del papeleo
Según el Ministerio de Sanidad, los médicos de atención primaria pierden el 30% de su jornada laboral en formularios y trámites. Treinta por ciento. Casi un tercio del tiempo de un profesional altamente cualificado se va en papeleo en lugar de atender pacientes. Con agendas que superan los 40 o 50 pacientes diarios, apenas quedan siete u ocho minutos por persona, tiempo que debe incluir diagnóstico, exploración y esa burocracia que nadie pidió.
Lo mismo ocurre en educación: docentes ahogados entre programaciones, memorias e informes que podrían dedicar a preparar clases o atender alumnos. Y en el emprendimiento: crear una empresa requiere entre 40 y 55 días de media, casi dos meses antes de generar el primer euro.
La paradoja de las subvenciones
Pero hay un problema aún más grave: la burocracia de gestionar ayudas públicas consume a veces más recursos que la propia ayuda. Ayuntamientos pequeños de nuestro nordeste segoviano, con plantillas mínimas, renuncian a subvenciones europeas o autonómicas porque la complejidad de justificarlas —memorias, certificaciones, auditorías— exige una inversión de tiempo y dinero que no pueden asumir.
Los emprendedores se enfrentan al mismo dilema: pedir una subvención para su proyecto puede significar meses de trámites previos, justificaciones continuas y plazos rígidos que condicionan toda la gestión. Muchos prefieren ir más despacio pero sin ataduras burocráticas, perdiendo así un apoyo público que en teoría existe para ayudarles. El resultado es paradójico: las ayudas no llegan a quien las necesita, sino a quien puede permitirse gestionarlas.
Estonia: invertir en lo público de manera inteligente
Pero existe otro camino. Estonia ha digitalizado el 99% de sus servicios públicos con un principio revolucionariamente simple: el Estado no puede pedir a los ciudadanos la misma información dos veces. Los sistemas se comunican entre sí. Este modelo ahorra al país un 2% de su PIB anualmente.
Estonia no privatizó sus servicios. Los digitalizó. No redujo el Estado. Lo organizó mejor. Es un ejemplo de cómo la tecnología puede servir a una administración más eficiente sin renunciar al carácter público.
El reto: mejor Estado, no menos Estado
El Ministerio de Sanidad ha reconocido el problema aprobando en 2024 un plan con 172 millones de euros para reducir burocracia y crear la figura del "administrativo en salud". Es un comienzo, pero hace falta más: digitalización real, interoperabilidad entre administraciones, simplificación de procesos.
La clave está en ser más rigurosos en el control pero más simples en el procedimiento. No se trata de eliminar la rendición de cuentas, sino de hacerla inteligente: controles eficaces que no asfixien. Porque cada minuto que un médico recupera es salud ganada. Cada hora que un maestro dedica a enseñar es educación de calidad. Cada subvención que llega realmente a un pequeño ayuntamiento es desarrollo rural efectivo.
Los servicios públicos son una conquista social. Precisamente por eso, porque valoramos lo público, tenemos la obligación de hacerlo funcionar. La burocracia mal diseñada frustra a la ciudadanía y a quienes trabajan al servicio común. El reto no es menos Estado, sino mejor Estado: más eficiente, más digital, más humano. Uno que esté al servicio de las personas, no de sus propios procedimientos.
