Mayores de Castilla y León enfrentan obstáculos para acceder al bono digital de 240 euros

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León ha lanzado una iniciativa que, en principio, beneficiaría a los habitantes mayores de 65 años de las zonas rurales de la comunidad. Sin embargo, el programa presenta obstáculos significativos que podrían impedir que muchos potenciales beneficiarios accedan a esta ayuda.

El bono digital de 240 euros anuales para servicios de conexión a banda ancha está disponible para solicitud, pero con un plazo alarmantemente corto: solo una semana, hasta el 15 de octubre de 2024. Este periodo extremadamente limitado plantea serias dudas sobre la accesibilidad real del programa, especialmente para la población mayor de zonas rurales como las de la comarca nordeste de Segovia, incluyendo municipios como Riaza, Ayllón o Sepúlveda.

La brevedad del plazo se ve agravada por la complejidad de los trámites requeridos. Fuentes cercanas a las administraciones locales han expresado su preocupación por la dificultad que supone para muchos mayores completar todos los pasos necesarios en tan poco tiempo. La situación es particularmente desafiante en pequeños municipios donde el acceso a servicios administrativos puede ser limitado.

Un presupuesto en riesgo de no ejecutarse

Esta situación plantea un escenario preocupante: es muy probable que una parte sustancial del presupuesto de 749.520 euros destinado por la Junta de Castilla y León a esta iniciativa no llegue a gastarse. Representantes de asociaciones de mayores en diversas zonas rurales de la comunidad han señalado que la ayuda, aunque bien intencionada, podría resultar prácticamente inaccesible para quienes más la necesitan debido a las complicaciones en su implementación.

El bono, diseñado para cubrir tanto nuevas conexiones de banda ancha fija como el mantenimiento de las existentes, podría haber sido una herramienta valiosa para reducir la brecha digital en las zonas rurales. Sin embargo, las condiciones de su implementación amenazan con convertirlo en una oportunidad perdida para muchos mayores de la región.

Para los pocos que logren navegar el complicado proceso de solicitud a tiempo, la ayuda se aplicará como una reducción de 20 euros mensuales en la factura del servicio de internet, contratado con los operadores colaboradores O2 o Fibergreen.

Esta controversia pone de manifiesto una vez más los desafíos que enfrentan las zonas rurales en su lucha contra la despoblación y la brecha digital. Mientras la iniciativa prometía ser un paso hacia la inclusión digital de los mayores y la revitalización de estas áreas, la realidad de su implementación amenaza con dejar a muchos atrás, precisamente a aquellos a quienes se suponía que debía ayudar.

La situación ha generado un debate sobre la necesidad de repensar cómo se diseñan y ejecutan este tipo de programas de ayuda, especialmente cuando están dirigidos a poblaciones vulnerables en áreas rurales. Muchos observadores argumentan que es crucial adaptar los plazos y procesos a las realidades y capacidades de los beneficiarios previstos para garantizar que las ayudas cumplan efectivamente su propósito.