Más de 800 firmas exigen transporte público regular en el corredor de la N-110

Para Alicia Agüera, vecina de La Rades, algo tan cotidiano como acudir a una consulta médica se ha convertido en una odisea. "No podemos ir al médico. La falta de autobuses en el Nordeste segoviano pone en riesgo el acceso a servicios esenciales", denuncia. Su situación no es única: la comparten más de 2.000 personas que durante los meses de invierno residen en los doce municipios que jalonan la Nacional 110 entre Segovia capital y Santo Tomé del Puerto.

Este martes, un grupo de vecinos de Villarejo, La Rades, Sigueruelo, Prádena y Ventosilla ha dado un paso adelante en su reclamación histórica. Han registrado en el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia un documento respaldado por más de 800 firmas en el que exigen a la administración autonómica que ponga en marcha un sistema de transporte público "eficiente y regular" en este corredor.

Una comarca entera desconectada

El problema afecta a toda una comarca. Los firmantes proceden de Villarejo, La Rades, Siguero, Sigueruelo, Casla, Prádena, Arcones, Matabuena, Cañicosa, San Pedro de Gaillos, Navafría y Gallegos. La población censada ronda los 2.000 habitantes en invierno, pero se duplica entre mayo y octubre, cuando regresan los veraneantes y los propietarios de segundas residencias.

"Es imposible ir a la farmacia, hacer la compra o asistir a una actividad cultural", explica Felipe Salamanca, vecino de Ventosilla. Su testimonio refleja una realidad que va mucho más allá de la incomodidad: la falta de movilidad está condicionando decisiones vitales sobre dónde vivir, dónde envejecer o si merece la pena mantener una vivienda en estos pueblos.

La situación se agrava porque tampoco existe conexión con las líneas de autobús de la A-1, lo que impide a los vecinos desplazarse a Madrid o Aranda de Duero sin vehículo propio. Para quienes no conducen —por edad, discapacidad o circunstancias económicas— el aislamiento es absoluto.

"Profundiza la desigualdad territorial"

Los promotores de la iniciativa no hablan solo de incomodidad: hablan de desigualdad territorial. En su escrito, subrayan que la ausencia de transporte público está acelerando la despoblación en una zona ya marcada por el envejecimiento y la dispersión demográfica.

Frente a esta situación, los vecinos apelan directamente a la responsabilidad institucional. La Ley 9/2017 de 20 de diciembre establece que es competencia exclusiva de la Junta de Castilla y León garantizar el transporte terrestre que transcurre íntegramente por su territorio. Pero el documento también reclama la implicación de diputaciones y ayuntamientos, porque consideran que la movilidad es un derecho básico, no un privilegio.

Según argumentan, la puesta en marcha de una línea regular de autobuses en la N-110 no sería solo una mejora del servicio público: sería un factor estratégico para frenar el vaciamiento del territorio. La mejora de la movilidad, sostienen, generaría empleo vinculado a nuevos servicios, atraería población más joven y contribuiría a la sostenibilidad medioambiental al reducir el uso del vehículo privado.

Una reivindicación urgente

La reclamación llega en un momento en que el debate sobre la España vaciada ha saltado de los cenáculos políticos a la agenda institucional. Pero para los vecinos del Nordeste segoviano, ese debate tiene nombres y apellidos, pueblos concretos y problemas cotidianos que no pueden esperar.

Por eso, los firmantes han pedido a la Junta de Castilla y León que adopte medidas "con carácter urgente" para garantizar un servicio de transporte que les permita "vivir dignamente y seguir resistiendo frente a la despoblación". Porque, como concluyen en su escrito, sin transporte público no hay igualdad de oportunidades. Y sin igualdad de oportunidades, la supervivencia de estos pueblos está en juego.