Una ayuda simbólica para un problema estructural: la Junta destina solo 2.000 euros por familia contra la despoblación

La Junta de Castilla y León continúa implementando su programa de subvenciones para familias que trasladen su residencia al ámbito rural, una iniciativa que ya ha beneficiado a 47 familias. Sin embargo, las cantidades ofrecidas —entre 1.000 y 2.000 euros por familia— generan serias dudas sobre la efectividad real de esta medida para combatir el grave problema de despoblación que sufre la región.

Según la información publicada, las familias con hijos reciben la cuantía máxima de 2.000 euros, mientras que las familias sin hijos obtienen solo 1.000 euros. Estas cifras parecen notoriamente insuficientes cuando se consideran los verdaderos costes asociados con un cambio de residencia, que incluyen mudanza, posibles reformas en la vivienda, adaptación al nuevo entorno y los numerosos gastos imprevistos que surgen al establecerse en una nueva localidad.

El programa establece varios requisitos, como mantener el empadronamiento durante al menos dos años y que al menos un miembro de la familia desarrolle actividad profesional en la Comunidad. Estas condiciones, aunque comprensibles desde una perspectiva administrativa, ponen de manifiesto otra realidad: las ayudas están orientadas a familias que ya habían tomado la decisión de trasladarse, y no tanto a incentivar nuevos traslados.

Expertos en demografía y desarrollo rural señalan que el verdadero desafío para atraer población a las zonas rurales no se soluciona con una aportación económica puntual y limitada, sino con inversiones sostenidas en infraestructuras, servicios públicos de calidad, oportunidades laborales estables y acceso a vivienda asequible.

"Ofrecer 2.000 euros a una familia con hijos para que se instale en el medio rural es apenas un gesto simbólico cuando no existen guarderías, centros de salud cercanos o conexión a internet de calidad", comentan desde plataformas ciudadanas contra la despoblación.

La iniciativa, aunque bien intencionada, parece insuficiente ante la magnitud del reto demográfico que enfrenta Castilla y León, una de las comunidades más afectadas por el envejecimiento poblacional y el abandono de los núcleos rurales. Las 47 familias beneficiadas hasta el momento representan una gota en el océano para una región que cuenta con más de 2.000 municipios, muchos de ellos en serio riesgo de desaparición.

Lo cierto es que Castilla y León lleva perdiendo población de forma ininterrumpida desde el año 2009. En los últimos 20 años, seis de las nueve provincias castellanoleonesas han perdido habitantes, un proceso que se extiende al 86% de los municipios. En más de la mitad de las localidades no nacieron niños en 2021 y menos del 20% de ellas tienen escuelas de educación infantil, primaria o secundaria de titularidad pública en su territorio. Todo ello, en su conjunto, ha provocado que ocho de cada diez municipios de este territorio (el 77%) esté en riesgo de despoblación (uno de los umbrales más empleados para hablar de despoblación son densidades poblacionales inferiores a 12,5 habitantes por km2).

El tiempo dirá si estas ayudas constituyen un primer paso hacia una estrategia más amplia y ambiciosa, o si simplemente quedarán como una medida testimonial que no logra revertir la tendencia al vaciamiento del medio rural castellano y leonés.