Las implicaciones del acuerdo entre la UE y Mercosur

Tribuna de opinión de Carlos Gil Cuevas, Portavoz de Podemos Segovia.

Estas semanas se ha cumplido un año de unas tractoradas que consiguieron por fin poner en primer plano del debate público la situación de agricultores y ganaderos, y por tanto del medio rural de nuestro país. Un año después, poco parece haber cambiado, con precios de venta en origen a menudo por debajo de los costes de producción pese a estar prohibido por la Ley de Cadena Alimentaria y con una burocracia excesiva que no sirve para garantizar los derechos de los consumidores pero suponen importantes trabas a los productores, sobre todo a los pequeños. Tanto es así, que el aniversario se ha conmemorado con la convocatoria de nuevas protestas.

Preocupación por el acuerdo UE-Mercosur

La única novedad importante a lo largo de este año ha sido el anuncio de la inminente firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, comúnmente conocido como Mercosur, que ha sido recibido con tremenda preocupación tanto por las organizaciones de productores agrícolas cómo por los movimientos ecologistas, en defensa del territorio y contra la despoblación. Para entender cómo va a afectar al sector primario y al conjunto del medio rural de nuestra provincia un nuevo acuerdo de libre comercio no hay más que ver cómo ha impactado la dinámica de libre comercio durante las últimas décadas.

Impacto de las macrogranjas en Segovia

Segovia es una provincia fuertemente perjudicada por la problemática de las macrogranjas, con pueblos cuya agua corriente no es potable y con acuíferos contaminados por nitratos, amén de los malos olores y otros factores que afectan a los vecinos y vecinas. Es práctica habitual la acumulación de cabezas de ganado en explotaciones intensivas que son engordados con piensos importados del cono sur para la producción carne que será exportada a Asia. Es decir, lo único que nos queda en el territorio es el problema de gestionar los residuos de una industria altamente contaminante, pues las macrogranjas apenas crean empleo en comparación con el que destruyen y los propietarios rara vez habitan cerca de la explotación.

Concentración de la propiedad y fondos buitre

De hecho, el modelo ganadero fundamentado en la "economía de escalas", esto es, en la concentración de cada vez más cabezas en cada vez menos granjas más grandes, va de la mano de la concentración de la propiedad en cada vez menos manos, entre las que destacan las de los fondos buitre que desde 2019 se han lanzado a la compra masiva de fincas agrarias. Hoy cerca de 900 fondos de capital riesgo controlan más de 100.000 millones de euros en tierras de cultivo en la Península, según datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Son este tipo de grandes fondos de capital los que pueden afrontar sin esfuerzo los retos que supone una creciente burocratización en los requisitos de la PAC y en el resto de políticas públicas. También los que están protagonizando la deslocalización de la producción y la uberización del campo. Mientras tanto, las pequeñas explotaciones familiares que sí fijan población se ven obligadas a cerrar al ser incapaces de competir.

Diferencias regulatorias y competencia desleal

Se debe tener en cuenta, además, que los métodos de producción no son los mismo en Europa que en Sudamérica. Las regulaciones europeas sobre fitosanitarios, de protección ambiental y los derechos laborales son mucho más proteccionistas aquí. Es común el uso de plaguicidas prohibidos por la UE en la agricultura sudamericana, así como promotores del crecimiento para engorde de vacuno, porcino y pavos en la ganadería. El acuerdo anunciado no aplica de forma suficiente el principio de precaución, la reducción de controles a la importación prevista supone un riesgo para los consumidores pero además aboca a nuestros productores a una competencia desleal.

Si las dinámicas de "libre comercio internacional" aplicadas a la producción de alimentos está significando, como estamos viendo, la desaparición de la agricultura y ganadería tradicional y extensiva y su sustitución por agroindustrias ecológicamente insostenibles que contribuyen de forma crucial a la despoblación, tenemos que concluir que la firma de un tratado como el propuesto con Mercosur supondría un duro golpe para nuestra provincia. Es por ello crucial que la sociedad civil alce la voz y deje claro que no estamos dispuestos a que nuestro medio rural sea usado una vez más como moneda de cambio en defensa de otros intereses que no son los nuestros.