La rehabilitación de la vivienda rural: una inversión urgente para un futuro sostenible

El reciente informe RuralREGEN, elaborado por ECODES y la Universidad de Zaragoza, pone sobre la mesa una realidad incómoda que requiere atención inmediata: mientras el 32% de la población española vive en municipios rurales, estos son responsables del 44% del consumo energético residencial del país. Esta desproporción entre población y consumo no es casual, y sus implicaciones son profundas tanto para la lucha contra el cambio climático como para el desarrollo territorial.

El diagnóstico es claro: las viviendas rurales, mayoritariamente unifamiliares y de mayor tamaño (112,8 m² de media frente a los 90,6 m² urbanos), consumen en promedio un 52% más de energía que las urbanas. Esta diferencia se acentúa dramáticamente cuanto más pequeño es el municipio, llegando a ser especialmente significativa en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, precisamente aquellas que se encuentran en mayor riesgo de despoblación.

Las razones de este mayor consumo son múltiples. Por un lado, la tipología predominante: el 57,5% de las viviendas rurales son unifamiliares, frente a solo el 16,7% en zonas urbanas. Por otro, los sistemas de calefacción utilizados: en municipios de menos de 5.000 habitantes, casi el 28% de las viviendas siguen dependiendo de estufas, braseros y chimeneas como principal fuente de calor. A esto se suma un parque edificatorio envejecido, con deficiencias en aislamiento y eficiencia energética.

Sin embargo, lo más preocupante no es el diagnóstico, sino la respuesta política actual. Del total de fondos previstos para rehabilitación residencial en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, solo el 8,8% está específicamente destinado a municipios rurales de reto demográfico. El informe es tajante: para una transición energética justa, esta cifra debería alcanzar el 41% del total, con al menos un 19% destinado específicamente a municipios de menos de 5.000 habitantes.

LAS BARRERAS QUE FRENAN LA REHABILITACIÓN RURAL

Las barreras para la rehabilitación rural son múltiples y complejas. La falta de empresas constructoras locales encarece las intervenciones, la escasez de técnicos especializados dificulta la ejecución, y una burocracia diseñada desde la perspectiva urbana complica innecesariamente los procesos. No es casualidad que algunas convocatorias de ayudas queden desiertas: las trabas administrativas y la falta de acompañamiento técnico pueden resultar insalvables para muchos potenciales beneficiarios.

El informe identifica claramente las soluciones necesarias: mayor coordinación entre administraciones, simplificación de trámites, acompañamiento personalizado en la gestión de ayudas y, especialmente, una adaptación de los programas a la realidad rural. Esto implica mayores porcentajes de subvención que compensen los sobrecostes inherentes a la rehabilitación en el medio rural, y una flexibilización de los requisitos para ajustarse a las particularidades de estas viviendas.

REHABILITACIÓN COMO MOTOR DE DESARROLLO TERRITORIAL

La rehabilitación energética rural no debe verse solo como una cuestión medioambiental. Es una herramienta fundamental para el desarrollo territorial. Una vivienda rehabilitada y energéticamente eficiente no solo reduce emisiones: es más confortable, más saludable y más económica de mantener. Esto la hace más atractiva para nuevos pobladores, contribuyendo así a frenar la despoblación.

Además, la rehabilitación puede actuar como motor económico local. La formación de profesionales especializados y el desarrollo de empresas constructoras locales generarían empleo cualificado en el medio rural. Las oficinas de rehabilitación, preferiblemente con personal itinerante para garantizar la atención presencial, podrían convertirse en nodos de dinamización territorial.

El momento es crucial. Con la actual crisis energética y la urgencia de la acción climática, no podemos permitirnos ignorar el potencial de mejora que representa el parque residencial rural. Si queremos cumplir con los objetivos de descarbonización y, al mismo tiempo, contribuir al reequilibrio territorial, es imperativo reorientar las políticas de rehabilitación.

La conclusión del informe es contundente: invertir en rehabilitación rural no es solo una cuestión de justicia social y equilibrio territorial, es también la manera más eficiente de reducir el consumo energético y las emisiones del sector residencial. Las políticas públicas deben reflejarlo, y hacerlo ya. El reto es mayúsculo, pero el coste de la inacción sería aún mayor.

Esteve Puigpinós es vecino de Cerezo de Abajo