La Pinilla: informe desfavorable a la oferta de compra

El informe, previsto en el artículo 292 de la Ley Concursal se tramita ante la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid. Son 56 páginas que, por primera vez, ponen cifras y nombres a lo que hasta ahora se conocía por versiones de parte.

Una oferta sin el respaldo de la propiedad

La solicitud de concurso llegó al juzgado acompañada de una oferta vinculante de compra de la unidad productiva, presentada por la mercantil KATS Promociones y Eventos 2020, S.L.

La administración concursal informó sobre ella de forma desfavorable con reservas. Los motivos que expone son dos: entiende que la oferta carece de viabilidad económica razonable y que no cuenta con el respaldo de la arrendadora de las instalaciones, es decir, del Ayuntamiento de Riaza a través de La Pinilla, S.A.

El propio informe añade que ha tenido conocimiento de ofertas alternativas de adquisición y que mantuvo contactos con posibles interesados, operadores del sector, empresas de multiaventura y de organización de eventos.

Sobre el futuro, el documento es explícito: la concursada no tiene intención de continuar con la actividad, no mantiene trabajadores dados de alta y carece de actividad alguna. Si no prospera una oferta con un plan de negocio solvente y un inversor dispuesto a una inversión notable, el escenario que plantea es la resolución del contrato de arrendamiento y la liquidación del resto de activos.

El problema no empezó con la mala temporada

La empresa alegó como causas de su insolvencia la mala temporada de nieve —quince días de apertura—, el incidente del telesilla de enero de 2026, en el que más de un centenar de usuarios quedaron atrapados, y la inundación del 10 de febrero de 2026, que dañó la instalación eléctrica del telesilla principal e impidió reabrir.

La administración concursal admite el peso de esos hechos, pero va más atrás. Su conclusión es que, al margen de la temporada y de los incidentes, la sociedad "no disponía de una correcta estructura de costes, prácticamente desde el inicio de su actividad", en diciembre de 2022.

Las cifras lo acompañan. El primer ejercicio se cerró con beneficio, pero desde el siguiente el resultado es negativo: 344.000 euros de pérdidas en 2023, 1,58 millones en 2024 y 1,77 millones en los nueve primeros meses del ejercicio siguiente. El gasto de personal pasó de representar el 34% de la facturación al 67%, con una plantilla que subió de 19 a 39 trabajadores y volvió a bajar a 27.

Quién dirigía la sociedad

El informe aclara un punto que se arrastraba desde hace meses. El administrador único es Raúl Gómez González. Junto a él figura un apoderado general, Jonathan Martín Tejeiro, con facultades que la administración concursal describe como tan amplias que podría gestionar la empresa por sí mismo, y al que califica de administrador de hecho.

Toda la comunicación del procedimiento se ha canalizado a través del apoderado. El documento deja constancia de que el administrador único no acudió a la primera reunión convocada en las oficinas de la administración concursal el 8 de julio, pese a haber sido citado.

Un grupo con el mismo administrador

El informe identifica cuatro sociedades que formarían grupo con la concursada por compartir administrador: Nova Pinilla, Alojamientos La Pinilla (Lodges), Inversiones Hosteleras RALS & DPP y Mountain Gravity Parks. Menciona expresamente los subarriendos concertados con algunas de ellas y señala que esos contratos están siendo analizados a efectos de una posible rescisión concursal.

Aparece además GS Construcciones y Obras Madrid, S.L., también con el mismo administrador único, cuya cuenta con la concursada arrojaba 622.000 euros en el ejercicio 2024.

Los trabajadores pasaron a otra sociedad en enero

Es uno de los apartados con más consecuencias para la comarca. Según el informe, los empleados de la concursada fueron dados de baja en enero de 2026 por sucesión de empresa en favor de Mountain Gravity Parks, S.L., una de las sociedades vinculadas.

Fue en esa segunda sociedad donde los contratos se extinguieron, mediante despido colectivo, y es ahí donde los trabajadores han impugnado su salida ante la jurisdicción social. Las demandas se dirigen contra Mountain Gravity Parks, contra la concursada y contra La Pinilla, S.A., la empresa municipal de Riaza.

Ocho extrabajadores han comunicado sus créditos en el concurso y la administración concursal se los ha reconocido como contingentes y sin cuantía, a resultas de lo que decidan los juzgados de lo social. La sociedad llegó a tener 49 trabajadores en 2022.

La masa ya no es cero

El proyecto de inventario que esta redacción publicó en agosto valoraba en cero euros todos los bienes de la sociedad. El informe definitivo corrige esa foto: cifra la masa activa en 1.570.661 euros —471.681 de inmovilizado material y 1.098.980 en derechos de cobro— frente a una masa pasiva de 1.272.545 euros.

El resultado es un superávit patrimonial de 298.116 euros. Para los proveedores de la comarca que figuran como acreedores ordinarios, que son 1,11 millones del pasivo, el cambio no es menor: la expectativa de cobro deja de ser nula, aunque sigue dependiendo de que esos derechos se materialicen.

El informe deja también dos apuntes de control. Las cuentas anuales están depositadas en el Registro Mercantil, pero los libros de contabilidad no figuran legalizados en ninguno de los ejercicios. Y el 28 de julio el Ayuntamiento de Riaza alertó de que se estaban sacando enseres de la estación: la administración concursal respondió que no había autorizado nada y pidió que la Guardia Civil levantara atestado. La concursada sostuvo después que se trataba de objetos personales.

Lo que el informe dice de los dos ayuntamientos

El documento dedica un párrafo a las relaciones institucionales que confirma el diagnóstico que este periódico publicó en marzo. La administración concursal constata que no existe la relación normal y fluida que debería haber con los ayuntamientos de Riaza y Cerezo de Arriba, y describe una situación de reproches mutuos por el comportamiento de cada una de las partes.

Su lectura es que esa falta de entendimiento perjudica a todos, partiendo de que los dos consistorios comparten el propósito de revitalizar la zona en beneficio de hoteles, restaurantes, tiendas, apartamentos, proveedores de kilómetro cero y trabajadores.

Y señala la condición que, a su juicio, hace posible cualquier solución: quien entre a explotar la estación deberá afrontar una fuerte inversión, y para eso resulta imprescindible "dotar de seguridad jurídica a quienes tienen la potestad de hacerlo".

Es, en otras palabras, lo mismo que este periódico recogió en marzo en el reportaje La Pinilla: una oportunidad para repensar el modelo entre todos: el obstáculo no está solo en las cuentas, sino en la coordinación entre administraciones. Las propuestas que allí se recogían —asistencia técnica de la Diputación al Ayuntamiento de Cerezo de Arriba, una mesa de coordinación facilitada por la Junta y un papel activo de Riaza como propietario— siguen disponibles y ahora cuentan con el respaldo de un documento judicial.

Lo que decida el juzgado sobre la unidad productiva determinará quién explota La Pinilla. El marco administrativo que haga viable esa explotación depende de los ayuntamientos.